Iris Varela tiene poca cobertura en los medios oficiales. Sus declaraciones y “operativos” son fogonazos de baja intensidad, que desaparecen en segundos, algo que contrasta con el grosor y tosquedad del lenguaje que utiliza en las redes sociales, una germanía que ruboriza a pranes y botiquineros por igual.

Esta semana ha estado muy diligente, ha estado ocupada en un “operativo” que denominó “plan cayapa”, y destinado a acelerar los procedimientos de la justicia. Repitió el aserto que escuchamos reiteradamente en boca del oficialismo: “La justicia si no es expedita, no es justicia”.

Uno de sus anuncios fue que “había impuesto la libertad” a 35 integrantes de la población penitenciaria. Claro, no son medidas de gracia, asunto para el cual ella no está facultada, sino la simple y retardada aplicación, por deficiencias burocráticas del despacho a su cargo, de medidas de excarcelación dictadas por los tribunales.

La injerencia del Ejecutivo en la aplicación de la justicia impide que los procesados puedan quedar libres en el tribunal, cuando el juez determina que no hay razón alguna para que esa persona continúe en la cárcel, sino que debe volver al centro de reclusión hasta que el encargado del internado judicial se comunique con el ministerio de prisiones y lo autorice a aplicar la sentencia del juez. Esa lentitud y esos olvidos explican que cientos de reos que ya cumplieron la pena sigan presos.

En uno de sus fogonazos, la ministra que se ganó el sobrenombre de “Fosforito” en los debates de la Constituyente de 1999, aclaró que la “cayapa” en marcha no iba a beneficiar a los policías encarcelados por los sucesos de abril de 2002, que ellos “habían cometidos delitos de lesa humanidad”. Una justicia dictada con un ojo destapado no es justicia y si, además, es lenta habría que inventar un calificativo para tan superlativa infamia.

Obviamente, esos chispazos tienen un alto valor agregado de manipulación política y de tramposería mediática, pero mucho más de incompetencia y de desconocimiento del sistema de justicia.

El país sabe de los manejos y oscuridades que hubo para condenar a los policías y liberar a los pistoleros de Llaguno, que el proceso estuvo lleno de irregularidades y de ilegalidades, que la lentitud fue la menor de las ignominias cometidas, y que las generaciones futuras estudiarán con vergüenza este caso en las facultades de Derecho.

Iris Varela acudió como testigo y su “testimonio” fue una perorata semiideológica, un rosario de consignas, que hasta la juez tuvo que desechar, porque ni siquiera estuvo en el lugar de los acontecimientos. Estaba en otro sitio, ante las cámaras de televisión llamando a la gente a que saliera a defender la revolución, a disparar y a matar. Vendo testimonio en tribunal, sin tachaduras.

Ramón Hernández