Una de las prioridades legislativas de la nueva Asamblea Nacional es la aprobación de una ley que permita la entrega de títulos de propiedad a los adjudicatarios de los desarrollos habitacionales de la Gran Misión Vivienda. ¿Por qué? Simplemente porque hay muy buenas razones económicas y sociales para hacerlo, y no hay ni una sola buena razón para no hacerlo.
Desde un punto de vista estrictamente económico, la vivienda propia constituye el principal activo de las familias trabajadoras, con el cual no solo se satisface una necesidad de consumo básica sino que constituye un mecanismo de apalancamiento para la inclusión financiera, el emprendimiento y la solidaridad intergeneracional. Vale decir, el adjudicatario de una vivienda recibe un flujo equivalente al alquiler implícito del inmueble (no muy distinto a cualquier otra transferencia compensatoria), mientras que quien recibe un título de propiedad, al tener pleno derecho al disfrute y disposición del inmueble, no solo mantiene el flujo actual, sino que de inmediato incrementa su crédito y su capacidad de acción presente y futura.
Desde un punto de vista social, la plena propiedad sobre la vivienda genera los incentivos para que la familia invierta en el mantenimiento de su inmueble y la comunidad invierta en las mejoras de las áreas comunes y la infraestructura conexa. No se trata de una consideración secundaria pues, tal y como lo comenté en mi artículo sobre la economía de la reconstrucción (del 29/11/2015), quince años de intentar imponer un modelo económico fracasado y un proyecto político hegemónico nos ha traído a una situación social y económica similar a la de países que salen de un conflicto bélico, y por tanto resulta prioritario invertir en cohesión social y hacer esfuerzos concretos para distender las divisiones originadas por la polarización del discurso.
¿Y qué hay de los argumentos en contra? Bueno, hay quienes ven esta propuesta como un mal precedente que desestimula el esfuerzo propio y a otros preocupa el impacto negativo de la ley sobre la sostenibilidad de la Misión, argumentos muy bien intencionados pero poco válidos para el caso concreto. Hay que tener claro que la posesión de los inmuebles en cuestión ya fue transferida a los actuales adjudicatarios, eso es un hecho consumado, y lo único que está por definirse es si se les quiere mantener como rehenes, expuestos al capricho del gobierno de turno o si por el contrario se les quiere empoderar como propietarios. En todo caso, contrario a la propaganda oficialista, estos últimos lustros constituyen el lapso en que menos viviendas se han construido y el déficit habitacional del país sigue intacto, así que queda pendiente en agenda restablecer las condiciones para reactivar el vapuleado sector construcción sin el cual no habrá solución sostenible al problema habitacional.
Por supuesto, hay aspectos del diseño de la política que deben ser evaluados con cuidado por los legisladores y desarrollarse cabalmente en la ley y sus reglamentos para evitar consecuencias no deseadas. Un problema que en particular preocupa a los actuales adjudicatarios de la Misión Vivienda, y en lo cual el Ejecutivo ha sido bastante indiferente, es la presencia de elementos del hampa en posesión de apartamentos de la Misión y a quienes obviamente no se les puede otorgar un título de propiedad para que continúen con el reinado de terror que imponen a los vecinos. De ese problema hay plena conciencia en la bancada mayoritaria y el compromiso es estudiarlo detenidamente y tomarlo en cuenta al momento de diseñar la normativa. Para eso es la Asamblea Nacional, para consultar, para discutir, para dialogar y al final poder llegar a acuerdos en beneficio del electorado.
José Guerra
