El régimen de Nicolás Maduro ha venido reforzando las narrativas para ganar la batalla de la legitimidad con la liquidación de la figura del interinato de Juan Guaidó y la justificación de que es el único poder en Venezuela.

El Consejo de Estado de la Unión Europea se refiere al diputado de La Guaira como “una voz líder de la oposición” en su reciente comunicado, mientras que la Cancillería de República Dominicana asegura que reconocerlo como presidente encargado este año “sería sentar un precedente funesto hacia el futuro”.

Ha comenzado entonces a debilitarse el reconocimiento que recibió el mandato de Guaidó de parte de más de 50 naciones, lo que Maduro y sus secuaces –locales e internacionales– vienen reforzando a través de la propaganda en los medios de comunicación y las redes sociales.

Una vez aceptada esta nueva realidad venezolana, la narcotiranía recuperaría los espacios y activos ocupados por el interinato.

En el caso de Estados Unidos, recuperaría los dólares del BCV depositados en instituciones financieras de ese país; asimismo, el régimen de Maduro ocuparía de nuevo la silla en la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se apoderaría nuevamente de la empresa refinadora y comercializadora Citgo, pero el riesgo de perderlo –el activo más importante de la nación en el exterior– sería muy alto. Y es que al no ser Juan Guaidó reconocido como presidente interino por el gobierno de Biden –no es el caso hasta ahora–, el juez de Delaware no tendría ya el impedimento de la licencia emitida por el Departamento del Tesoro para ejecutar la orden de embargo de las acciones, resultante de la demanda de Crystallex al Estado venezolano. Y los tenedores de los bonos PDVSA2020 demandarían también el colateral que los respalda (50,1% de las acciones de Citgo) como cancelación de los vencimientos impagos del capital.

Dentro de la narrativa para acabar con el interinato, la pérdida de Citgo sería atribuida a Guaidó y al embajador en Estados Unidos, a quienes acusarían de vendepatrias y corruptos, cuando en realidad ambos han logrado preservarla porque el interinato la considera una pieza fundamental en la estrategia de desarrollo de Venezuela.

Es importante observar que desde la época de Hugo Chávez ha habido la intención de salir de este activo. Además, en la nueva política petrolera de Maduro, las operaciones desde el pozo hasta la estación de servicio pasarán a manos del sector privado internacional. Esto significa que Citgo no tiene un papel importante en la recuperación de la industria petrolera venezolana y, por ende, es prescindible para la narcotiranía.

El otro gran activo al que Maduro le pondría la mano es al oro depositado en el Banco de Inglaterra. Hasta ahora, el interinato demostró ante la justicia británica tener la legitimidad de gobierno cuando canceló los honorarios a los abogados de la narcotiranía. De lo contrario, hubiese generado dudas.

Hasta el momento, tanto Estados Unidos como el Reino Unido reconocen la presidencia interina como el Poder Ejecutivo. Deben entonces las fuerzas democráticas venezolanas y del resto del mundo cerrar filas en torno al mandato de Guaidó con el fin de evitar la ofensiva de la narcotiranía para liquidarlo. Pues está claro que una vez que lo logren, Maduro recobraría la legitimidad como órgano ejecutivo de Venezuela y con ella todos los activos que afianzarían la corporación criminal que dirige el destino del país sumido en la más grave crisis humanitaria que haya vivido en toda su historia.

El interinato se diluiría en los partidos políticos que lo integran, quedando reducido al ámbito nacional como cualquier otra fuerza política. Y la negociación entre los poderes –usurpador (Nicolás Maduro) y legítimo (Juan Guaidó)– pasa a ser un diálogo entre el régimen y la oposición.

La otra narrativa fuerte es la supuesta corrupción del gobierno interino, que tienen la intención de igualar en la conciencia colectiva con la de la narcotiranía. Esto no tiene otro fin que amarrarle las manos para disponer de los recursos a los que tiene acceso internacionalmente y realizar las actividades que contribuyen a la restauración de la democracia en Venezuela. Además de sembrar en las mayorías que el interinato es más de lo mismo, destruyendo la confianza de que puede ser la alternativa frente al régimen por aquello de que “más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Para tapar el desastre socioeconómico causado por la gestión de Maduro aparece el régimen enviando camiones con oxígeno medicinal a la ciudad de Manaos, en Brasil, para aliviar el gran el déficit originado por el incremento de casos de coronavirus. Para reforzar el relato, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva “agradeció con una misiva al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el envío de ayuda humanitaria a una ciudad amazónica de Brasil”.

Sin embargo, lo que ocurrió es que la empresa White Martins, el principal proveedor de oxígeno del gobierno del estado de Amazonas, identificó la disponibilidad del producto en sus operaciones en Venezuela y “actuó para hacer viable la importación a la región”. Fue una operación comercial de White Martins que el régimen utilizó para desplegar su narrativa porque de lo contrario no daría los permisos para la exportación.

En conclusión, las principales narrativas que buscan acabar con el interinato son: Guaidó no es presidente interino y es un gobierno corrupto. Mientras tanto, y a pesar del desastre socioeconómico causado por las sanciones estadounidenses, Maduro muestra capacidad de gestión en plena crisis del covid-19.

 Antonio de la Cruz