El costo político de estos señalamientos es irreversible e imprescriptible. Tampoco podrá ser burlado por simulaciones de justicia interna
El informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU es el más categórico sobre delitos de lesa humanidad y violación de DDHH contra Venezuela. 450 páginas que escrutaron más allá de la alfombra roja [Dixit F. Fernández] y hurgó debajo de las piedras entre entrevistas, verificaciones en RRSS y satelitales, material de dominio público y testimonio de valientes víctimas que le subieron el velo de la verdad.
Un informe histórico e irrefutable
La misión obedece a un mandato del Consejo de los DDHH de la ONU [resolución 42/25 del 27/09/19]. El informe habilita la justicia penal internacional [Corte Penal Internacional], la justicia transnacional [abocamiento de órganos multilaterales de justicia penal] y la justicia universal [activación mundial de jurisdicciones penales al estilo caso Pinochet en Reino Unido o juicio de Eichmann en Israel; juicios de Núremberg o Tokio].
No ha habido informe de delitos contra la humanidad tan abominable. La descripción de torturas es ominosa. Cito: “Debido a particularidades en la construcción del Helicoide, el sonido se escucha con claridad. Palizas, asfixias, descargas eléctricas y actos de violencia sexual, incluida la violación de al menos una mujer detenida por motivos no políticos […]Golpes con un palo u otro objeto contundente. Amenazas de muerte, de violación sexual contra víctima y/o sus familiares […] La Misión documentó actos de tortura […] posiciones de estrés llamadas la “crucifixión” brazos extendidos y esposados a tubos o rejas y “el pulpo”, un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos”. Sólo la justicia lo sanará.
La justicia tarda, pero llega
El informe es el preludio de enjuiciamientos por delitos de lesa humanidad no vistos en Latinoamérica. Ni “Chapita” Trujillo, Stroessner, “Tachito” Somoza, Videla, Viola, Galtieri, Pinochet, Velasco Alvarado, Pérez Jiménez, Ortega, Banzer, Duvalier o Rojas Pinillas, acumulan tantas temeridades como las hiladas en más de 2105 renglones [párrafos] del reporte. Se investigaron 223 casos y se examinaron otros 2891 patrones de violación de DDHH, con 274 entrevistas directas. Se plasmó la estructura del Estado forajido y la maquinaria de asalto, dolor y muerte de su andamiaje criminal.
El régimen está desnudo. En pocas ocasiones han confluido tantos barruntos en un estado autoritario. Serbia, Myanmar, Ruanda, Sudáfrica, fueron objeto de misiones similares. En pocos meses el impacto de esas denuncias produjo cambios políticos, libertades o detenidos y sanciones. Venezuela no será la excepción.
Sangre, sudor y muerte
Arresto y allanamientos arbitrarios bajo nocturnidad, violencia, siembra de armas sin orden judicial y encapuchados. Desaparición forzosa bajo secuestro y aislamiento de abogados y familiares. Encarcelamiento en mazmorras hacinadas a pan y agua-sic-en vasijas que minutos antes sirvieron de bota de desechos. Ejecuciones extrajudiciales prêt à porter; confinamiento en celdas sin ventilación, luz, ni baños, más el debut de “la tumba-celda diseñada para la tortura blanca-o del Helicoide, un monstruo de cemento convertido pánico. El caso de Juan Manuel Carrasco da fe de las perversiones sufridas, y de la ignorancia deliberada de la Fiscalía en 2014. Típica prueba de complementariedad para la CPI.
El informe concluye que existen motivos razonables para creer que los más elevados jerarcas del régimen estarían incursos en delitos de lesa humanidad. El costo político de estos señalamientos es irreversible e imprescriptible. Tampoco podrá ser burlado por simulaciones de justicia interna. Los magistrados internacionales saben que investigaciones no genuinas no sitúan territorialidad.
La Misión ha recomendado/cito: “63. que los Estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe, de conformidad con su legislación interna pertinente [jurisdicción universal]; 64. Encomendar, por medio del Consejo de DDHH y/o la Asamblea General, nuevas investigaciones sobre las violaciones de los DDHH y los crímenes destacados en el presente informe; 65. Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional [CPI] tenga en cuenta la necesidad que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración”. Adicionalmente alerta sobre desmantelamiento del FAES, suspensión de funcionarios de SEBIN/DIGCIM y eliminación de programas de “liberación” OLP, incursos en ejecuciones extrajudiciales.
Es muy importante la mención de la CPI de La Haya y la demanda de justicia oportuna. Sabemos que desde el 8/02/18, la Fiscal [CPI] decretó medida de examen preliminar apoyado en más de 110 incidencias y seis remisiones/denuncias por Canadá, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y Chile. Todo el acervo probatorio contenido del reporte de la Misión sería vital para acelerar este proceso.
No hay lugar a dudas. En Venezuela se cometieron delitos contra la humanidad. Sangre, sudor y muerte que será reparada. Como lo dice Francis Bacon “la verdad es hija del tiempo no de la autoridad”. Hoy no hay ni tiempo ni dictadura que lo detenga. La verdad está desnuda…
ORLANDO VIERA-BLANCO
@ovierablanco.
Embajador (designado) de Venezuela en Canadá
