Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia están bajo regímenes que luego de aplicar todas las simulaciones y falsificaciones posibles para aparentar revolución, democracia, populismo, izquierda y socialismo, son organizaciones de delincuencia organizada que detentan el poder por la fuerza. Se han hecho declaraciones, propuestas, advertencias y sanciones bilaterales y multilaterales para ayudar a que los pueblos recuperen la libertad y la democracia, pero solo han servido para probar la contumacia de dictadores que parecen señalar que la única opción para que dejen el poder es el uso de la fuerza.
El Derecho Internacional transformado desde la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), evoluciona haciendo cada vez mas relativo o menos absoluto el concepto de “soberanía” de los Estados. La soberanía entendida como “el poder supremo que corresponde a un Estado independiente” ha cedido progresivamente competencias al ámbito internacional en función de principios, valores y necesidades comunes como el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, los derechos humanos, la sanción de delitos de lesa humanidad, la lucha contra la delincuencia organizada, la democracia, la responsabilidad de proteger y muchos mas progresos destinados a evitar que alegando soberanía se opriman a los pueblos, se los masacre y/o se amenace a otros Estados.
Además de la relativización del concepto de soberanía, la ONU al establecer el principio de “prohibición al uso o amenaza de la fuerza”, reconoce tres excepciones que son las “acciones colectivas para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales por medio del Consejo de Seguridad, la “legítima defensa” como un derecho natural, y la “intervención humanitaria”.
En este contexto jurídico, no son argumentos validos ni el principio de no intervención con su expresión regional la doctrina Estrada de 1930, ni la autodeterminación de los pueblos porque están superados por las nuevas instituciones. Además, alegar autodeterminación de los pueblos para oprimirlos y violar sus derechos humanos es solo otra falacia de las dictaduras castrochavistas.
No faltan normas para que la comunidad internacional, uno o varios gobiernos democráticos actúen en contra de las dictaduras de crimen organizado. Hay hechos y derecho suficientes en cuanto a la crisis humanitaria de Venezuela, o la mas rápidamente sangrienta que es la de Nicaragua, o la mas antigua y letal que es la de Cuba, o la mas solapada que es la de Bolivia. Tampoco faltan causales para que los pueblos ejerzan el supremo derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son un solo proyecto organizado como un solo sujeto de derecho internacional. Su alianza con Rusia y China para bloquear decisiones en el Consejo de Seguridad es mas que notoria, con la presidencia temporal de Bolivia para manipular la agenda y obstruir. Su alianza con otras dictaduras como Corea del Norte es evidente. Su vínculo con regímenes que sostienen el terrorismo de origen islámico ya no se puede ocultar. El apoyo de gobiernos como el del PSOE de España digitado por PODEMOS es penoso pero real.
Lo que empezó como movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI y hoy simplemente dictaduras del castrochavismo, se trata de un grupo que ha dejado la política y la ha reemplazado por el ejercicio del crimen organizado que desestabiliza la democracia y la seguridad en todas las Américas, pero que se protege bajo normas del Derecho Internacional que les sirven como coartada pues son inaplicables a su naturaleza delictiva. Ejercen intervencionismo abierto en la política y en las sociedades de terceros Estados a los que amenazan encubierta o abiertamente, han convertido a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia en narcoestados y sostenido abiertamente en la ONU que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos”, haciendo de este crimen un arma contra la región y el mundo.
Las democracias, los pueblos y los gobiernos de las Américas han sido puestos en una situación límite en la que las dictaduras de la región -como regímenes de facto que son- les han dado y ratificado la señal de que no dejarán el poder sino por la fuerza.
Carlos Sánchez Berzain es Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
