En los tiempos en que el gobierno proclamaba que el precio justo del barril de petróleo era de 200 dólares el barril, porque consideraba poco los 140 que recibía casi de brinco rabioso y sin descuentos ofensivos como los que pactó con China, la diferencia entre lo que ganaba un funcionario del “alto gobierno” y un pensionado del Seguro Social no era menor de 40 salarios mínimos. Todo les resultaba fácil, hasta el don de la ubicuidad. Podían ser directivos de varias empresas del Estado, comisionados de la presidencia, funcionario en servicio especial y quedarles tiempo para dedicarse a actividades propias de su profesión y ser un aguerrido militante de la revolución y del socialismo del siglo XXI. Tremenda estafa.
Mientras a los emprendedores menos favorecidos por la dinámica revolucionaria los invitaban a incorporarse en la ruta de la empanada –la más simple–, o en la ruta del chocolate –más sofisticada, tanto que nunca empezó–, ellos con sus empresas de maletín y sus contactos en la oficinas que aprobaban los dólares preferenciales incursionaban en los grandes negocios y empezaban a conocer beneficios milmillonarios en moneda dura mediante fidecomisos, cuentas numeradas, compras ficticias, sobreprecio y demás movimientos en bancos liberales en el lavado y secado. Todavía no se investiga el chanchullo de Andorra ni Jorge Giordani, tan santón y pulcro, echa el cuento completo de todo lo que sabe y de todo lo que aprobó como superministro. Ni ha dicho cuántos kilos de arroz se cosecharon en la siembra en el antiguo hato El Frío que lo emocionó hasta las lágrimas. Fue Uslar Pietri el que puso en los medios la palabra pendejo, pero Giordani no tuvo ni un pelo de lexicógrafo.
Desde el primer día han mentido de todas las maneras posibles, también a la inversa y a la visconversa, y hasta lo han reconocido, pero ni el procurador general ni alguna de las múltiples policías políticas; ni cuerpos de inteligencia ni de contrainteligencia; mucho menos el Ministerio Público, ni juez alguno ni la útil Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha despachado una comisión que aprese a los transgresores del artículo 58 de la Constitución, por haber faltado a la verdad, y mira que han dicho el embuste parejo, no solo en privado sino también en cadena de radio y televisión, y el de 1,1 millones de unidades construidas por la Gran Misión Vivienda es el más pequeño.
El más grande y tormentoso, el que más consecuencias tendrá, ese que se refiere al debido proceso, y que anuncia al mundo ingenuo que no son los funcionarios policiales los que determinan la comisión de un delito sino el juez, habiéndose cumplido “el debido proceso”. Vendo capucha tipo Jaua.
Ramón Hermández
