La semana pasada, varias universidades sufrieron ataques tanto de los cuerpos policiales como de grupos de civiles armados.

La Universidad Fermín Toro en Barquisimeto fue incendiada parcialmente por sujetos del oficialismo, además de haber sido saqueada parte de sus instalaciones. La Universidad Católica del Táchira fue atacada por la policía de ese estado al punto que la estudiante Anyelith Pernía fue literalmente demolida a palos y hoy se encuentra hospitalizada. La Universidad Católica Andrés Bello, de Guayana, recibió también su dosis de bombas lacrimógenas, perdigones y los estudiantes los respectivos peinillazos. La Ucab, en Caracas, fue asediada por piquetes de la PNB en sociedad con civiles que en las gráficas aparecen disparando armas de alto calibre a plena luz del día. Y para cerrar, estudiantes de la Metropolitana en Caracas fueron objeto de la acción policial cuando varios alumnos protestaban la detención de sus compañeros. En ese caso, la violencia la iniciaron grupos de infiltrados ajenos a la universidad.

El jueves 8 de mayo, los campamentos fueron desmantelados por la Guardia Nacional y 243 estudiantes fueron llevados presos a las instalaciones de Fuerte Tiuna y a comandos policiales. ¿A quién le conviene esas acciones represivas? Al gobierno, que desesperadamente quiere que se sigan generando focos de violencia para que el país se concentre más en esos hechos que en la aguda crisis económica que vive Venezuela, expresada en la inflación más alta del mundo, una escasez generalizada y una economía paralizada.

Así, la ola represiva tiene un fin claro: provocar la reacción a veces emotiva de muchos estudiantes para mantener distraídos a los venezolanos de lo que significa un fracaso monumental de un modelo económico que está haciendo aguas por todos lados y que amenaza con incentivar protestas ya no de estudiantes, sino de la gente que no consigue la comida o que no tiene agua.

Estamos en presencia de un gobierno absolutamente inepto, que -sin que el petróleo haya registrado una caída- mantiene paralizada a la economía, donde los dólares que deberían sobrar escasean y el país no puede importar aquellos bienes que no se pueden producir internamente. Todo ello en medio de una corrupción generalizada en la entrega de dólares de forma discrecional, sin que el gobierno haya revelado todavía la famosa lista de quienes, según Jorge Giordani, desfalcaron el país con importaciones fraudulentas. Prometieron publicar esa lista hace tres meses y todavía no lo han hecho. Por algo será.

Economista

Por José Guerra