Los resultados de las elecciones regionales dejaron un sinsabor en buena parte del pueblo venezolano. Desde la convocatoria a esas elecciones hasta el acto de votar estuvieron signados por el abuso, la arbitrariedad y el ventajismo. Tenían que haberse realizado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas por las cuatros rectoras del CNE hasta el momento apropiado para el PSUV, mediante un llamado de la Asamblea Nacional Constituyente. Ello provocó un dilema que se resolvió por la vía de la participación a sabiendas de que el gobierno, a través del CNE pondría todo tipo de obstáculos, como efectivamente ocurrió. Así, el lapso para proponer candidatos se recortó al extremo y se tuvo que hacer unas primarias de forma apresurada.

A los actos de ventajismo ya tradicionales se agregaron hecho que cuestionan el sistema electoral y lo dejaron gravemente herido y con una desconfianza exponenciada en el mismo. Todos los días a las 7 am de la mañana comenzaba una cadena de radio y TV y durante quince minutos se escuchaba una monserga a favor de los candidatos del PSUV. Pero la tecnología electoral del binomio PSUV-CNE dio varios pasos adelante. De esta manera, violando la ley no permitió el CNE la sustitución de candidatos tal como lo establece claramente la ley, es decir a los partidos postulantes no se le permitió agrupar su votación. Cuando se pensaba que la dosis de pillaje había sido suficiente, a cuarenta y ocho horas de realizarse el proceso de votación, el binomio mencionado hizo otra jugada: reubicó centros de votación que involucró más de dos millones de electores, afectando significativamente al estado Miranda donde fue reubicado más del 20% de los electores, equivalente a 210.000 votantes que ahora votarían donde Tibisay Lucena decidió y no donde ellos se habían inscrito.

Pero todo ello no era suficiente. El domingo 15 de octubre brigadas y patotas motorizadas se dedicaron a hostigar los centros de votación de mayoría opositora para inhibir a los votantes, los miembros del CNE, que son militantes del PSUV, se dedicaron a retrasar el proceso de instalación de las mesas de votación y los más grave, a sacar a los testigos de la Unidad de los cetros de votación, ofreciendo sumas de dinero que solamente puede ofertar el gobierno. Cuando el testigo no caía víctima del soborno, entraban en acción los pranes electorales y a punta de pistola los sacaban de los recintos, ante la mirada gélida del Plan República, artífice también del delito. En muchos lugares había una estación roja donde el pueblo beneficiario de la bolsa de comida tenía que pasar a revisarse antes de votar y una vez con la constancia de haber emitido su voto recibía su respectiva ración de alimentos. El caso más grotesco fue el del estado Bolívar donde forjaron un número suficiente de actas para tratar de quitarle un triunfo inobjetable a Andrés Velásquez. En estas condiciones la lucha en Venezuela entró en una nueva etapa: el rescate del voto y por la restitución de la transparencia para el ejercicio de un derecho sagrado: el de poder elegir libremente a los gobernantes.

José Guerra