Los operativos conjuntos de los cuerpos de seguridad en algunos municipios del estado Aragua, especialmente la llamada «declaración de guerra al Tren de Aragua», una organización delictiva fusionada por varias bandas dedicadas a distintos delitos en esa región, revelan dos aspectos importantes. Uno, es un cambio en la política frente a las bandas armadas y las llamadas «zonas de paz», pero la otra, y sobre la que se debe poner mucha atención, es la evolución de estas bandas hacia el crimen organizado y la cada vez más especializada organización que poseen.
El propio comandante de la zona operativa de Defensa Integral de la Nación, Jesús Rafael Chourio, destacó que «esta organización criminal tiene una distribución por cuadrantes para delinquir en todos los sectores del estado».
Las últimas acciones de algunas de estas bandas como las que operan en Guárico, las acciones armadas contra puestos policiales y militares, masacres como las ocurridas en el edificio de la Misión Vivienda en Ocumare del Tuy y los reportes de los propios vecinos y comerciantes, indican esa evolución en donde han convertido esas zonas en territorios manejados por el hampa organizada.
A la par de los secuestros, sicariato, robo de vehículos y otros delitos, la extorsión y el pago de vacuna exigido a las comunidades, son parte del nuevo esquema de organización.
El reporte que hace nuestro colega, Deivis Ramírez, en El Universal, describe el grado de organización que han alcanzado estos grupos. Allí se destaca cómo el «Tren de Aragua», manejado por 4 delincuentes que ya están identificados por las autoridades, tienen un comandante superior. Se trata del pran conocido como «Niño Guerrero», quien opera desde la cárcel de Tocorón. Lo más insólito es que uno de los líderes del grupo, llamado Johan Petrica, es un recluso de Tocorón «que goza de un beneficio de confianza que le permite salir durante el día», indica el reporte.
En el barrio de San Vicente, en Maracay, una de las zonas en donde se han practicado estos operativos, no podían ingresar los cuerpos policiales. Los líderes de las varias bandas que operaban en el barrio se habían apoderado del sector tras haber sido declarado «zona de paz», de acuerdo a las denuncias hechas por los propios vecinos.
La política de paz emprendida por el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Rangel Ávalos desde 2013, ha consistido en desmovilizar bandas armadas a partir del diálogo.
El funcionario del organismo ha sostenido que en las negociaciones con cerca de 400 grupos en todo el país para la entrega de armas y la desmovilización, no se les ha concedido el privilegio de que en esas zonas no ingresen los cuerpos policiales. Sin embargo, testimonios de vecinos y de funcionarios policiales han revelado que, en efecto, se les ha prohibido a las policías ingresar en las «zonas de paz».
El aumento de la violencia y criminalidad en esas zonas y el uso de armas de alta potencia y explosivos, pareciera indicar que el «cese al fuego» frente a las bandas, ha permitido que esos grupos se fortalezcan.
Por lo pronto parece que la guerra contra estos pranes se ha declarado. Eso se reafirma con otra declaración del jefe de la Región Estratégica Integral del CICPC, Juan Pereira, quien resaltó: «ese operativo, donde cayeron muertos tres delincuentes y detenidas 16 personas incursas en distintos delitos, es solo «un abreboca», pues vienen con mayor contundencia.
Francisco Olivares
@folivares10
