Una persona como Mardo que no había ocupado cargos públicos y que desde que es diputado, hace cuatro años, no ha manejado ni administrado dineros públicos, es acusado de corrupción y su inmunidad parlamentaria fue allanada de forma fraudulenta.
Es deber de todo venezolano estar atento al manejo de fondos del Estado. En 1999, al asumir la Presidencia, Chávez lanzó un agresivo programa de refacción de escuelas y hospitales llamado Plan Bolívar 2000. Buena parte de esas obras se pagaron en efectivo y las denuncias de corrupción rápidamente afloraron.
El 4 de agosto de 2007, en el aeropuerto de Buenos Aires, fue decomisado un maletín con $800.000 en efectivo en un avión donde viajaban funcionarios de Pdvsa. Luego se supo que el dinero salió de las arcas de la petrolera para financiar la campaña presidencial en Argentina. Cuando se solicitó al Parlamento y la Fiscalía una investigación, el Psuv se negó.
Hace un par de años se evidenció un caso que hizo palidecer a la opinión pública y sacudió el decoro nacional. Fueron encontradas miles de toneladas de alimentos podridos, importadas por Pdvsa a través de su filial Pdval, sin que hubiese capacidad de almacenamiento. Cuando se requirió una investigación a la Fiscalía y al Parlamento, el Psuv se volvió a negar.
Hace cuatro años, cuando Juan Barreto, Diosdado Cabello y Rangel Ávalos entregaron sus cargos, llovieron denuncias de corrupción con pruebas en la mano. Ni la Fiscalía ni la Contraloría han comenzado a investigar tales denuncias por órdenes del Psuv. Posteriormente, el fondo de los jubilados y pensionados de los empleados de Pdvsa fue desfalcado por su administrador, el señor Illaramendi, nombrado por la misma Pdvsa. Se perdieron más de $500 millones. Tampoco se investigó.
Más recientemente han aparecido casos emblemáticos, tales como los fraudes con el Bandes y el Fondo Chino. Sobre el gobernador de Bolívar, el general Rangel Gómez, las pruebas son contundentes pero el Psuv lo sigue apoyando.
Pero la guinda de la torta es la asignación de dólares mediante el Sitme (manejado por el directorio del BCV) y las importaciones realizadas en 2012, donde según el ministro Giordani hubo una defraudación de más $20.000 millones. Estos casos reflejan lo corrompido de un sistema de gobierno.
Por José Guerra
