Más allá de si pensamos que el proceso electoral fue justo o fraudulento, la oposición tiene el derecho legal, político y ético de solicitar una auditoría que le permita aclarar sus dudas. Cualquier argumento que se use para bloquear o minimizar ese derecho sería absurdo, abusivo y sesgado.
Lamentablemente, el debate sobre este tema se ha dado en una combinación de retórica confusa y crispación de ambas partes en conflicto. Todo arranca porque la mayoría no entiende bien cómo funciona el proceso electoral y mucho menos cómo se verifica. La ley indica que el voto válido es el electrónico y sólo con él se puede decidir una elección. En eso tienen razón las rectoras. Pero para llegar a ese voto válido, hay varios pasos que se diseñan para garantizar su legitimidad y auditarlo si es necesario (y si esa auditoría demuestra que la elección no fue adecuada, entonces se puede impugnar). Si este proceso funciona sería teóricamente imposible que una persona votara varias veces o los «muertos» votaran. Una vez que tu máquina fue activada con tu huella (y la pregunta es quién decide cuándo se activa), votas y se imprime tu recibo de votación, el cual depositas en la caja, como comprobante para la auditoría posterior. Finalmente, las personas firman y ponen su huella en el libro de votación, lo cual controla cuántas votaron y quiénes son.
Si todos estos procesos funcionan, debería estar bien representada la decisión del pueblo. La denuncia opositora es que en realidad esos procesos no funcionaron adecuadamente.
Una vez que la mitad del país desconfía de la otra y del árbitro, el tema deja de ser técnico para convertirse en político y en ese campo, basta desconfiar para tener el derecho a revisar, abrir, tocar y contar.
Cuando se decide auditar, ¿cuál es el objetivo? Determinar si todo funcionó como debía. Y ¿sobre qué debe hacerse la auditoría? Sobre todo el proceso. Lo parcial es paja. ¿Contar las papeletas y contrastarlas con las actas y los reportes del CNE es suficiente? No. Eso sólo demostraría que el sistema automatizado funciona adecuadamente para contar los votos que se metieron ahí (un proceso que doy por bueno). Pero es que ese no es el único problema del reclamante. Tomemos un ejemplo simple. La oposición dice que votaron personas fallecidas, que hay votos múltiples, votos plana y abuso de los votos asistidos. No tengo ni idea si eso es verdad o no, pero lo que sí sé, es que si esos muertos «votaron» o hay gente que suplantó identidades, en efecto las máquinas de votación fueron activadas y esas papeletas serían cónsonas con lo que leyó el sistema. Cuando cuentes papeletas y voto electrónico, el voto de los muertos estaría ahí, como las planas y los rellenos. La auditoría parecería perfecta, pero, ¿realmente es así? No, porque con esto no pruebas nada de lo mencionado. La única manera de saberlo sería chequeando los libros y huellas y demostrando si las personas que «firmaron» están vivas o muertas o si hay firmas planas o votos que no fueron activados por huella, o si no cuadran los que se anotaron en libro con el número de papeletas. La idea es determinar si hubo fraude chavista o fábulas urbanas de la oposición y con esto garantizar la paz.
Es inaceptable que el CNE decida qué cosas de su proceso se pueden mirar y qué cosas no. Es como si una auditoría a un cajero del banco se le haga sólo sobre el montoncito de dinero que él decida darte y no sobre el monto total.
Debemos estar de acuerdo en que una auditoría decente, completa e integral es sana para rescatar la confianza y abogo para que prevalezca la cordura y se eviten conflictos existenciales que, entre dos mitades, sería poco menos que la crónica de una explosión anunciada.
@luisvicenteleon
Luis Vicente León
Fuente: EU
