Siendo candidato a la presidencia de la República, el comandante Hugo Chávez fue el principal adversario de la apertura petrolera, y tal posición fue el leimotiv de su campaña. Al ganar las elecciones pidió a la Corte Suprema de Justicia la nulidad de todo lo actuado.
La Corte –presidida por Cecilia Sosa– no lo complació; primero porque el Poder Judicial aún conservaba su independencia, y además porque la citada apertura había cumplido con todos los extremos legales.
En efecto, no estando claros los mecanismos para captar inversiones privadas en el sector petrolero después de la nacionalización, Pdvsa (a través de Lagoven) había formulado una consulta a la Corte Suprema de Justicia. En ponencia de Román Duque Corredor, la Corte estableció el 23 de abril de 1991 las condiciones para recibir inversiones particulares sin violar la Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos. Nacía así la apertura petrolera, que abarcó varias fases:
i) Convenios operativos para campos marginales. Pdvsa pidió al Congreso Nacional que fijase las bases mínimas de negociación. Entre 1993 y 1997 se licitaron 33 campos que fueron asignados a 62 empresas.
ii) Contratos de exploración a riesgo. En 1995 el Congreso autorizó a Pdvsa a celebrarlos. Se asignaron 8 bloques a 17 empresas después de un minucioso proceso de licitaciones.
iii) Asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco que fueron contratadas con nueve empresas y ratificadas por el Congreso Nacional, y una para el proyecto Cristóbal Colón (gas natural “no asociado”) en asociación con tres empresas.
Se habían cubierto todos los extremos legales, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el 17 de agosto de 1999 la nulidad de la apertura que solicitaba el presidente Chávez.
Pero Chávez no aceptaba fácilmente una derrota. Como Jalisco, que si no gana arrebata, recurrió a otras vías para alcanzar sus objetivos. Tal como lo reconoció ante la Asamblea Nacional en la presentación del Informe Anual y Cuenta en 2004, fue él mismo quien provocó el paro petrolero que condujo al despido de 23.000 trabajadores de Pdvsa que en conjunto acumulaban más de 300.000 años experiencia.
Se propuso, además, derrotar la apertura petrolera mediante una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue aprobada el 16 de mayo de 2006.
En materia impositiva, varios cambios fundamentales fueron introducidos. El primero de ellos tuvo que ver con el ISLR, que fue aumentado desde 34% hasta 50%. Además, la regalía se elevó de 16 2/3 % hasta 33,3% mediante la creación de un nuevo impuesto a la extracción petrolera.
Por otra parte, las figuras de las asociaciones estratégicas, los convenios operativos y los convenios de exploración a riesgo fueron sustituidos por empresas mixtas en las cuales la participación accionaria del Estado llegaba hasta 60%.
En el caso de las asociaciones estratégicas de la faja, se procedió a un cambio cosmético de nombres, y recibiron denominaciones emblemáticas como Petrocedeño, Petromonagas, Petropiar y Petrojunin.
El Proyecto Cristóbal Colón fue reducido a Mariscal Sucre, con otros socios. De allí no ha salido un pie cúbico de gas comercial.
Más allá del simple cambio de nombres, se modificaron de manera substancial los contratos suscritos con motivo de la apertura petrolera. A las empresas afectadas no se les dio posibilidad alguna de negociación. Se les dijo simplemente: “Lo toman o lo dejan”. Si lo dejaban, se verían forzadas a retirarse del país, no solo por lo que respecta a tales contratos, sino también en cualquier otro negocio que tuviesen en Venezuela. Eso ocurrió con Exxon Mobil que se mudó a Guyana, donde está descubriendo grandes reservas en zonas marinas que Venezuela reclama.
Mientras aquello ocurría, los precios del petróleo estaban experimentando una escalada sin precedentes. Eso impulsó a muchas empresas a aceptar las nuevas condiciones. Otras no lo aceptaron y recurrieron a arbitrajes internacionales que de manera sistemática Pdvsa viene perdiendo. El mayor de todos esos arbitrajes –el de Conoco Philips (que demanda 30.000 millones de dólares)– está por decidirse.
Por otra parte, el gobierno ofreció a quienes aceptasen las nuevas condiciones una compensación excepcional: la propiedad de hasta 40% de las reservas petrolíferas existentes en el subsuelo en las áreas donde operan. Esto implicaba un sacrificio inexplicable de la soberanía nacional.
Vale la pena detenernos aquí. Bajo la apertura petrolera los contratistas privados debían realizar el 100% de las inversiones y asumir el 100% del riesgo. Si encontraban reservas de hidrocarburos estas pertenecían en 100% a la nación y el petróleo que producían pertenecía en 100% a Pdvsa, la cual los remuneraba conforme a mecanismos y fórmulas previamente negociados.
Por el contrario, bajo la figura de las empresas mixtas, siendo Pdvsa propietaria de 60% de las acciones, debe aportar 60% de las inversiones requeridas (y asumir 60% del riesgo); en tanto que a los socios privados que aportan el restante 40%, se les otorga la propiedad de 40% las reservas del subsuelo y de la producción que se obtenga.
Siendo la propiedad del subsuelo la mayor expresión de soberanía, el régimen la sacrificó brutalmente a cambio de unos ingresos fiscales adicionales.
El resultado final ha sido devastador. Careciendo Pdvsa de los recursos para aportar 60% de las inversiones, estas se han retrasado de tal forma que la producción petrolera del país ha caído en términos dramáticos y las instalaciones han sufrido una degradación tremenda. De haberse continuado la apertura petrolera, hoy Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Apenas producimos algo más de 2 millones y se espera una caída aparatosa.
En el caso de la apertura, el Congreso Nacional desempeñó un papel protagónico en todas las fases del proceso. Además, los convenios y contratos se otorgaban a través de licitaciones cuya transparencia fue reconocida mundialmente. Hoy en día todo se asigna “a dedo”, de espaldas al país y con base en las preferencias de carácter geopolítico del régimen.
Cabe señalar que la revolución creyó que los precios del petróleo subirían indefinidamente y que el régimen estaría en condición de imponer todo lo que le viniese en gana. La realidad los ha dejado en la estacada.
La otra triste realidad es que populismo, dogmatismo y corrupción han resultado ser una mezcla perversa que ha dañado profundamente tanto a nuestra industria petrolera como a Venezuela en su conjunto. Hoy tenemos una Pdvsa eunuca, politizada y endeudada a más no poder. ¡Qué tristeza!
José Toro Hardy
@josetorohardy
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