Argentina debe investigar todos los casos dudosos de la etapa kirchnerista
Cristina Fernández de Kirchner, este jueves en Buenos Aires. MARCOS BRINDICCI (REUTERS) / EPV
La hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de Argentina en 2013 cuando su Gobierno firmó un memorándum con Teherán que habilitaba a Irán para interrogar a los sospechosos del atentado contra la mutua judía AMIA (85 muertos en 1994). Aquel documento nunca entró en vigor porque Irán no lo ratificó, pero fue la base de las investigaciones del fiscal Nisman, que iba a presentar sus conclusiones ante el Congreso cuando apareció muerto de un disparo en su casa en Buenos Aires, en enero de 2015. Y lo es ahora en el caso que impulsa el juez Bonadio. El magistrado ha acusado a la expresidenta de presunta “traición a la patria” y “encubrimiento agravado” por intentar dar impunidad a los terroristas y ha solicitado el levantamiento del fuero al Senado para proceder a su detención. La expresidenta también está incursa en otra causa por corrupción.
En una primera reacción, Cristina Fernández acusó al actual mandatario, Mauricio Macri, de conspirar contra ella. Lo cierto es que algunas novedades han permitido reavivar la causa sin que eso implique politizar la actuación judicial.
Si la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman cuatro días después de atribuir a Kirchner un plan para dar inmunidad a los iraníes determinó en su día que había sido un suicidio, en septiembre un nuevo peritaje concluyó que fue asesinado. Y el juez Bonadio reabrió la causa que había sido archivada en 2015. Ha citado a 14 imputados y dictado el procesamiento de la expresidenta. Investida de la protección senatorial, procede ahora un desaforamiento que permita aclarar responsabilidades en un triste capítulo de la historia argentina, si lo hubiere, y el sometimiento como todos los ciudadanos a una justicia que ha sentado ya en el banquillo a diversos cargos del kirchnerismo por corrupción. Es hora de despejar la niebla de enriquecimientos ilícitos que ha rodeado su mandato.
Editorial de El País
