Todo indica que estamos metidos en una situación económica y fiscal grave, en la cual es predecible una agudización de las tensiones y, eventualmente, de la conflictividad social. La institucionalidad debe ofrecer canales expeditos y confiables para que resolver y superar con éxito cualquier crisis.
Está entre las más importantes de sus funciones. El punto partida cuando comienza 2014 es, necesariamente, el balance de 2013. Human Rights Watch, la conocida y respetada ong internacional, dice en su reporte sobre América Latina al final del año pasado, que la nuestra es una «Democracia ficticia”, signada por un” Mayoritarismo abusivo”.
Eso puede descalificarse o desatenderse, pero no sería sensato. Esa percepción externa dice mucho de cómo nos ven, pero también de cómo nos vemos. La Administración de Justicia es la instancia para ventilar los conflictos entre las personas, los sectores y sus intereses. En las jurisdicciones del Trabajo, Penal, Mercantil, Civil, Agraria, o en el Contencioso Administrativo, tiene las personas, sus organizaciones o sus empresas, según el caso, modos pacíficos de buscar justicia y de solucionar sus diferencias.
El Tribunal Supremo de Justicia es la cúspide del Poder Judicial. Como tal es el máximo tribunal del país, y de acuerdo al artículo 267 de la Constitución, es suya la responsabilidad de la dirección, gobierno y administración Poder Judicial. Diez de los treinta y dos magistrados del TSJ tienen período vencido, uno de cada tres prácticamente. Similar es la situación de sus suplentes. La solución pacífica de los conflictos políticos es el voto. Es el modo libre, civilizado, de orientar la sociedad escogiendo entre opciones. Es natural que en la sociedad haya diferencias y, por lo tanto, debate.
En Venezuela se vota en elecciones para Presidente, Asamblea, Gobernador, Consejo Legislativo, Alcalde y Concejo Municipal. También en referendos revocatorios, consultivos, abrogatorios y aprobatorios. El Poder Electoral, como árbitro, tiene una función esencial en que los procesos electorales sean confiables y administrados con imparcialidad. Tres de los cinco rectores del CNE tienen su período vencido.
La mayoría. Una situación anómala que no ayuda a la necesaria confianza de toda la ciudadanía en el ente electoral, y que se convierte en un estímulo a la abstención. La pulcritud y la eficiencia administrativa son piezas fundamentales del edificio de la sociedad que quiere ser libre y próspera. Así que lucha contra la corrupción es factor clave en la salud democrática. El responsable del Ejecutivo nacional ha planteado la gravedad de la situación en este campo y así mismo proclamado como un objetivo suyo, combatir la corrupción.
Desde 2011, por la enfermedad y fallecimiento del entonces titular, la Contraloría General de la República está a cargo de una funcionaria encargada. En diciembre de este año se vencerán los períodos de la Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo, magistraturas ambas fundamentales para la vigencia del Estado de Derecho. No deberíamos esperar a que con esos cargos, ocurra lo mismo que con el TSJ, el CNE, y la Contraloría. La Constitución señala el camino: Comité de postulaciones, conocimiento público de los candidatos y decisión parlamentaria con mayorías calificadas que apuntan hacia amplios consensos.
No deberíamos dejar que el tiempo pase y las cosas se nos compliquen. Si de verdad deseamos la paz, hay que asumir esos procesos de renovación de los poderes públicos. Cuanto antes. Esa es una materia sustantiva, y sustanciosa, para un diálogo que pueda exhibir, en plazo breve, resultados concretos.
Por Ramón Guillermo Aveledo
