La Asamblea Nacional representa al pueblo y cumple las tareas de legislar sobre las materias de competencia nacional y de controlar el Gobierno y la Administración Pública, además de elegir a ciertos altos funcionarios, en los términos de la Constitución
Como ordena la Constitución, mañana se instala la Asamblea Nacional. El 5 de enero es la única fecha que aparece en todo su prolijo texto, en el cual también se establece un solo supuesto de disolución del cuerpo parlamentario, que es la censura con remoción en tres oportunidades dentro del mismo período constitucional. Potestad conferida en el artículo 240 al Presidente para resolver lo que sería una situación de ingobernabilidad manifiesta. Pero por lo mismo, tuvo el Constituyente el cuidado de facultarlo exclusivamente, no a otro órgano del poder, y solo en ese caso.
Porque lo que la Constitución procura es un orden para el funcionamiento del Estado y la gobernanza del país. Poner a Venezuela a salvo del capricho, de la arbitrariedad, del desenfreno. Por eso su diseño es el de un poder distribuido territorialmente y dividido funcionalmente. Repartición perfectible, claro, pero lo que sí está clarísimo es que no dispone un poder concentrado, personal, ilimitado, como el de los reyes absolutos de épocas remotas o las dictaduras más primitivas.
La Asamblea Nacional representa al pueblo y cumple las tareas de legislar sobre las materias de competencia nacional y de controlar el Gobierno y la Administración Pública, además de elegir a ciertos altos funcionarios, en los términos de la Constitución.
Puede que, por decisión popular, su mayoría esté de acuerdo con las políticas gubernamentales o puede que no. Para eso el Constituyente fijó que se eligieran en fecha diferente. Son los ciudadanos con su voto los que indican hacia dónde mira la Asamblea. Como lo hicimos, en proporción que no dejó margen de duda el 6 de diciembre de 2015.
El presidente Maduro optó por desconocer esa realidad y torcerla con diversas maniobras abusivas, para las cuales ha contado con la cooperación indebida del Tribunal Supremo y, en el campo de su especialidad, con el silencio del CNE. Así, se ha impedido el funcionamiento constitucional en perjuicio de los venezolanos.
Porque los resultados no han sido positivos para el pueblo. Junto a la incertidumbre político-institucional y la inseguridad legal, nada ha mejorado en la vida de las personas. Todo lo contrario. La concentración de poder y las decisiones incontroladas han empeorado el abastecimiento, agravado la escasez, aumentado la inflación, extendido la corrupción.
Se equivocó el Presidente al negarse a la responsabilidad compartida constitucional. Y su error lo paga el pueblo. Caro.
Ramón Guillermo Aveledo
@AveledoUnidad
