Algo puede ser legalmente válido y moralmente ilegítimo. Un documento firmado bajo amenaza injusta grave.

Una norma no puede ser impuesta en violación patente de la Constitución Nacional. “El Plan de la Patria” ha pasado por encima de la carta magna.

La legitimidad de origen no prueba por sí sola la legitimidad de ejercicio. Un régimen pierde ésta si no garantiza: a) la vida de los ciudadanos, b) el Estado de Derecho y c) la unión fundamental de la nación.
Denunciar la ilegitimidad de un régimen no implica renunciar al derecho propio. Muchos están en esta situación. La soberanía de un Estado no es burladero para irrespetar los Derechos Humanos. El oficialismo lo ha hecho en ámbito internacional.

Ningún individuo o cuerpo puede erigirse como encarnación absoluta del pueblo soberano. “El pueblo soy yo”, “X es el pueblo”, son consignas oídas y sufridas.

La mucha fuerza de un régimen de facto no lo convierte automáticamente en de iure. Es preciso afirmar esto frente a exhibicionismos cívico-militares.

Estas y otras reflexiones han venido a mi mente a raíz de una relectura situada de la Declaración Universal de Derechos Humanos, grito de la humanidad en defensa del ser humano ante las monstruosidades de gulags y auschwitzes, y tratando de poner diques a fundamentalismos de cualquier género.

Dios creó al ser humano para formar en la historia y en armonía con el ambiente una fraternidad universal. En el marco de este designio global se entienden, entre otras cosas, el principio de la “destinación universal de los bienes”, tan caro a la Doctrina Social de la Iglesia y la justificación moral de una autoridad pública mundial planteada por el papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in terris (1963). Los seres humanos hemos forjado Estados y erigido fronteras para aglutinar pueblos; estas obras humanas han de interpretarse siempre, sin embargo, en aquella perspectiva de unión fraterna abierta y en función de servicio a las personas y a la comunidad que estas construyen en vista al bien común.

Toda autoridad humana adquiere justificación y sentido sobre esta base interpretativa y valorativa. De allí que deba rechazarse toda posición político-ideológica que, por ejemplo, eleve al Estado, a una revolución o un sistema, en absolutos, ante los cuales se pretenda encadenar personas, comunidades, pueblos. Es lo que el socialismo “real” (marxista, colectivista) ha hecho y hace, con su secuela de opresiones y tragedias.

Stalin preguntó una vez sobre cuántas divisiones tenía Pío XII. La respuesta era simple: un puñado de guardias suizos para la defensa de un poder fundamentalmente espiritual.

La última exhortación de los obispos de Venezuela, “He visto la aflicción de mi pueblo (9 julio 2015)”, se sitúa en la óptica de unión-servicio-fraternidad. El oficialismo lo podrá acusar de alineado con la oposición. Pero la verdad es que busca sólo el bien de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus preferencias políticas y partidistas. Los obispos, sin duda, han denunciado claramente en anteriores documentos la índole totalitaria del “Socialismo del siglo XXI”, su inconstitucionalidad e inaceptabilidad moral; pero con la misma claridad han abogado por una Venezuela de todos y para todos, tendiendo la mirada al futuro, que conjuntamente se debe construir.

Del referido documento citaré sólo una frase, expresiva del conjunto: “Venezuela es de todos, y para reconstruir el país debemos reencontrarnos como hermanos, buscar juntos las soluciones a nuestras necesidades, empezando por las llamadas “necesidades básicas”. Lo primero que podemos hacer, es que nadie pretenda imponerse eliminando a los otros. Todos somos necesarios, por tanto hemos de ser actores y protagonistas de la Venezuela que queremos. Asimismo, es urgente ser conscientes de los errores que se deben corregir. Por eso, es equivocado cerrarse en visiones ideológicas, en fanatismos o en legados intocables (N°. 12).

La legalidad es importante. Pero, más todavía, la legitimidad.