El viernes 31 de octubre del 2014. Un guardaespaldas desciende de una arrogante camioneta de aquellas, disfrazado, el muy impávido, de lugar común de nuestros tiempos, y le da a esta pobre fila de carros la orden de quedarse aún más quieta porque ahí viene la caravana de su “personaje” y, en ese preciso momento, el Presidente de la República de Colombia lanza en la radio la sentencia por la que será recordado por siempre y para siempre: “Los escoltas no son para hacer mercados ni mandados”, dice.

Sí, Santos se está refiriendo a un problema concreto, a ciertos apellidos que abusan de la costosa protección que les concede el Estado, pero sin querer está hablando de esa desigualdad, de ese clasismo, de ese arribismo, de esa egolatría que tienden a ganarnos las batallas.

Cuenta Andrés Villamizar, el director de la Unidad Nacional de Protección, que tienen escoltas 2.500 de los 7.519 colombianos escudados por el Gobierno; que los 3.200 guardaespaldas que andan por ahí, en 2.000 relucientes carros oficiales, nos cuestan 360.000 millones al año.

Villamizar, no olvida el día en el que trataron de matarle a su padre, cuando le secuestraron a su madre, sabe que acá no se juega con eso: que aquí siguen matando periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas.

Colombia es un infierno muy particular. En qué clase de sociedad tener un guardaespaldas no es una desdicha sino una fortuna. En qué tipo de país la seguridad es un privilegio, que la suerte es un monopolio y hay que armarse.

En la China capitalista está de moda tener escoltas. Pero en la minada Colombia, “el Estado tiene que brindar todas las garantías para que las 60 víctimas que han pasado por La Habana puedan regresar al país sin acecho e intimidación”, reclamó la valiente Jineth Bedoya– tendría que ser una afrenta, una vergüenza, una infamia pedir la protección oficial con el objeto de darse importancia, de lucirse.

Editorial de El Tiempo.com