¿Sabe usted, doctora Luisa Ortega Díaz, que llevo nueve años y 133 días arbitraria e ilegalmente privado de mi libertad?

¿Conoce usted la confesión (declaración jurada y apostillada en Costa Rica) del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte, del 13 de septiembre de 2012, en la que asegura que ordenó la condena de los policías y ex comisarios de la PM por los hechos del 11 de abril “cumpliendo instrucciones directas” del presidente Hugo Chávez?

¿Sabe usted que el 16 de julio de 2011, antes de partir a Cuba para recibir quimioterapia contra el cáncer que padeció, el presidente Hugo Chávez exhortó a las autoridades a otorgar beneficios a los “políticos presos” y demás reclusos que tuvieran alguna dolencia grave para que puedan ir a su casa y recibir todo el tratamiento médico que necesiten?

¿Sabe usted que mi salud se encuentra seriamente comprometida, que mi deterioro es progresivo y paulatino y que en ninguna cárcel venezolana existe la posibilidad cierta y real de recibir los tratamientos médicos que requiero?

¿Sabe usted que han pasado meses y sigo sin recibir el tratamiento médico que se me indicó para combatir la osteoporosis que padezco y que la gravedad de mi enfermedad es tal que puede ocasionarme la muerte en caso de sufrir una fractura, así sea “amarrándome los zapatos”, como lo certificó el propio médico forense?

¿Sabe usted que poder asistir a un hospital y ser tratado por médicos de mi confianza es un derecho humano fundamental contemplado en tratados internacionales suscritos por Venezuela?

¿Sabe usted que mi precario estado de salud es responsabilidad del Estado venezolano y que los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos por Venezuela, que usted, por ley, está obligada a hacer respetar, establecen que toda persona, así se encuentre presa, tiene derecho a la salud?

¿Sabe usted que desde el 31 de julio de 2013 he solicitado una medida humanitaria ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y que la juez Adas Armas, al no decidir, está adoptando una conducta dilatoria y denegatoria de justicia que constituye una flagrante violación de disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, al igual que al debido proceso?

¿Sabe usted que la omisión de pronunciamiento del Poder Judicial atenta contra otros derechos fundamentales del ser humano, igualmente establecidos en nuestra carta fundamental y en disposiciones consagradas en instrumentos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos, como lo son el derecho a la salud, a la integridad física y a la vida, además del derecho a obtener una oportuna respuesta?

¿Sabe usted que el fiscal general de la República, de acuerdo con la Constitución y a la ley, es el responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado, democrático y social de Derecho y de justicia?

¿Sabe usted que el fiscal general de la República, por ley, debe procurar siempre la correcta interpretación de la ley con preeminencia de la justicia?

¿Sabe usted que los fiscales del Ministerio Público, por ley, están en el deber de actuar con honradez, rectitud e integridad?

¿Sabe usted que los fiscales del Ministerio Público, por ley, están obligados a garantizar el debido proceso, la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia?

¿Sabe usted acaso quién es actualmente el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela?

Iván Simonovis