El relato de que “todas la opciones están en la mesa” para resolver a la crisis política de Venezuela va cambiando al de la “salida democrática”. Todas las alternativas planteadas en las últimas semanas convergen hacia una negociación entre el usurpador, Nicolás Maduro, y el presidente interino, Juan Guaidó.

Después de la última reunión entre las partes en Noruega, se han dado a nivel internacional una serie de encuentros entre los países que apoyan a Maduro y Guaidó que apuntan en ese sentido.

Los cancilleres de Colombia y Rusia se reunieron en Moscú este lunes. En la rueda de prensa, Carlos Holmes Trujillo manifestó que Colombia, en el contexto del Grupo de Lima, apoya el “itinerario” marcado por Guaidó y las fuerzas que trabajan a favor del “cambio”. Asimismo, dijo que “Colombia apoya solamente medios políticos y diplomáticos”. Al mismo tiempo, Serguéi Lavrov insistió en un “diálogo inclusivo” entre todas las formaciones políticas en el país latinoamericano, al tiempo que recordó el rechazo ruso al uso de la fuerza –extraña posición porque Moscú recientemente utilizó la fuerza aérea en Siria para sostener al opresor Bashar al-Assad y las fuerzas de combate en Crimea para anexarla a Rusia–. Además, Lavrov se congratuló de que “ambos países (Colombia y Rusia) coincidieran al respecto en su rechazo a una solución militar a la crisis venezolana”.

Asimismo, el pasado domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Stef Bolk, trataron el caso de Venezuela en la reunión que sostuvieron en La Haya. Hay que recordar que Holanda, Aruba, Curazao y Saint Marteen son partes del Reino de Países Bajos.

Anteayer, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Chile y Perú, miembros del Grupo de Lima, junto con la alta representante de la UE y los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal y Uruguay, miembros del Grupo Internacional de Contacto, sostuvieron un encuentro para abordar la situación de Venezuela. La reunión reflejó la decisión de ambos grupos de “aumentar los contactos a efectos de contribuir a una solución política, pacífica y democrática a la crisis venezolana”. También “confirmaron su compromiso para (lograr) una transición pacífica (en Venezuela) dirigida a elecciones libres y justas”.

Por lo tanto, la mesa de negociación en Noruega se convierte en el mecanismo para amarrar la transición pacífica en Venezuela mediante unas elecciones libres y justas.

En Estados Unidos se ha venido barajando otras opciones distintas ante la resistencia que tiene una intervención humanitaria en Venezuela. La más contundente es iniciar una ofensiva de acusaciones contra Nicolás Maduro y su entorno por la legitimación de capitales producto de actividades ilícitas y la corrupción, narcotráfico y crimen organizado en los tribunales de Estados Unidos. El único que ha sido imputado por la justicia estadounidense es Tareck el Aissami hasta ahora, en 2017.

“En Washington se especula que ya existen acusaciones selladas de miembros del círculo interno de Maduro y que el Departamento de Justicia está esperando el momento adecuado para hacerlo público. Ha llegado el momento para instruir las nuevas acusaciones contra miembros del régimen de Maduro”.

Adicionalmente, hay dos antecedentes históricos en los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos centró su acción en áreas que estaban alineadas con las prioridades de la política exterior estadounidense. En 1988 acusó al presidente Manuel Noriega de Panamá y a miembros de su círculo interno por narcotráfico, cuando las relaciones entre Washington y Panamá estaban muy tensas. Y recientemente, imputó, y está extraditando a la directora de finanzas de Huawei desde Canadá, debido a que el gobierno de Trump considera una amenaza para la seguridad americana la tecnología 5G de Huawei y a China.

Por otro lado, la reciente investigación de Douglas Farah y Caitlyn Yates demuestran que el régimen de Maduro es una empresa criminal conjunta con 183 personas, 205 empresas de maletín en 26 países. Entre los principales países se encuentran, Uruguay, Portugal, España, Rusia, Panamá, Estados Unidos y Surinam.

El delito financiero de lavado de dinero involucra a factores de poder conexo con las altas esferas del gobierno de los países en cuestión. Además, la magnitud del lavado alcanza a más de 100.000 millones de dólares entre 2007-2018. Lo que representa una amenaza para el sistema financiero mundial por las implicaciones sistémicas e instituciones involucradas.

Resolver la crisis política de Venezuela por esta vía podría tener un efecto dominó a nivel de la clase política y el sistema financiero de los países involucrados en el lavado de dinero y narcotráfico.

Un ejemplo del impacto es el reciente reconocimiento por parte del gobierno mexicano de López Obrador que 80% de su territorio poblado está dirigido por cárteles, incluidas las zonas fronterizas claves. El mayor proveedor de la droga a los carteles mexicanos es la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

Otro caso es la denuncia presentada por el periodista y escritor Jaime Bayly en su programa de este lunes, cuando acusó al ex presidente dominicano Leonel Fernández, aspirante de nuevo a gobernar República Dominicana por un cuarto período presidencial, de haber recibido por lo menos entre 4 millones y 5 millones de dólares provenientes de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana con el fin de comprar protección para sus miembros, después del allanamiento de la mansión de Samark López (testaferro de Tareck el Aissami)en Punta Cana por agentes de Estados Unidos (DEA) y República Dominicana (Procuraduría Antilavado de Activos y Lavado de Activos y Terrorismo, y DNCD) el pasado mes de mayo.

Por ello, países como Uruguay, Portugal, España, México, Rusia y las islas del Caribe quieren la solución negociada de Noruega. Permite a los gobiernos y corruptos venezolanos minimizar los daños colaterales de los enjuiciamientos a Maduro y su círculo interno por parte de la justicia estadounidense.

Lo que conlleva a replantear la estrategia por parte de Guaidó, porque las condiciones del terreno cambiaron. Su liderazgo, 57% de aceptación según Escenarios Datanálisis de mayo de 2019, le permite reconocer y comunicar una nueva hoja de ruta. De lo contrario, los que apoyan la solución de Noruega seguirán erosionando su capital político, como lo hicieron con el comunicado de la segunda reunión en Oslo.

Guaidó tiene en sus manos dirigir directamente la negociación para crear las condiciones de un acuerdo que permita unas elecciones justas, libres, democrática y transparente. De lo contrario, daría paso a un nuevo período del régimen de Maduro. Porque la narrativa internacional cambió al de la salida electoral. Una solución que debería ocurrir en el menor tiempo posible, seis meses. Seguir retrasándolo favorecerá a Maduro, su entrono y los corruptos.

Antonio de la Cruz