La persecución contra el diputado aragueño Richard Mardo es injusta, inconstitucional y con descarada intención política.
El “proceso” a Mardo lo iniciò con un discurso en cámara el propio Presidente de la Asamblea, lo acusaba precisamente la persona a quien eventualmente tocarìa presidir el análisis de la solicitud de allanamiento por parte del Tribunal Supremo, en caso que esta se produjera.
La denuncia la presentò, en seguida, ante el Ministerio Pùblico, el diputado designado para encabezar la investigación parlamentaria, sin practicar diligencia investigativa alguna y sin siquiera escuchar al “acusado”. Los cheques mostrados como evidencia han sido objeto de diversas objeciones y fueron emitidos en un tiempo en el cual Mardo no era parlamentario ni funcionario público.
El cargo màs grueso que ahora se le hace es “legitimación de capitales”, lo cual supondría que los fondos provendrían de hechos ilícitos, lo que a saber no consta en procedimiento judicial alguno.
Mardo es un dirigente político que se caracteriza por su sentido de solidaridad y que se hizo servidor público movido por la intención de hacer el bien a los demás. Quien escribe lo ha acompañado en la entrega de viviendas en sectores muy pobres de Aragua, las cuales edifica gracias a la colaboración, profesional o económica, de gente que confía en èl porque lo conoce bien. Doy fe de la emoción y la gratitud que se respira en esos actos. Con èl se està cometiendo una enorme injusticia.
Ya se ha anunciado que se allanarà su inmunidad parlamentaria el 30 de este mes, tan pronto se vayan del país los integrantes del Parlamento Latinoamericano y de Parlamentarios por la Transparencia que visitaron el país la semana que concluye. A la premeditación y la alevosìa podemos decir que se agrega la nocturnidad.
De concretarse la amenaza del oficialismo ensoberbecido, la Asamblea no estudiarìa la solicitud del TSJ, ni designarìa como ha sido siempre –salvo en el asalto a la inmunidad del diputado Wilmer Asuaje en 2010- una comisión especial para examinar el requerimiento y escuchar al parlamentario cuyo juzgamiento se pide.
La inmunidad parlamentaria, consagrada en el 200 constitucional, existe para proteger la independencia del Poder Legislativo. Como produce la suspensión temporal del diputado, de acuerdo al 187, numeral 20 de la Carta Fundamental “solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y diputadas presentes”, una mayoría que en esta legislatura solo es posible si diputados de la Unidad participaran de ella, lo cual no ocurrirà, o fueran impedidos de ingresar o permanecer en el hemiciclo en número suficiente de representantes unitarios.
Esto último, de ocurrir, inmoral e inaceptable no sería insólito, dados los gansteriles procedimientos de la actual autoridad parlamentaria. Que sepan los diputados que por disciplina partidista están llamados a convalidar con su voto semejante adefesio, que debilitar la inmunidad es cuchillo para su garganta. Que mañana se los pueden hacer a ellos.
La gravedad del caso Mardo es, sin la menor exageración, suprema. Es injusta por el contenido de las acusaciones. Es grotesca, porque quien señala al parlamentario son los llamados a defenderlo o, por lo menos, a garantizarle condiciones mìnimas para el tràmite de su caso.
Es inconstitucional porque se pretende allanarlo sin las formalidades que le respeten su derecho a la defensa, y sin la mayoría expresamente exigida por la Constituciòn.
Ya se ha convertido al hemiciclo en tribunal de inquisición, también en callejón oscuro para el asalto impune, ahora se le quiere convertir en pelotón del fusilamiento. ¿Hasta dònde llegaràn los que desprecian el parlamento porque desprecian la democracia?
Ramón Guillermo Aveledo
