El autoencierro para protegerse de la delincuencia se ha convertido en la regla

Cuando damos noticias de procedimientos policiales exitosos, como el ocurrido esta semana en el que una actuación impecable de PoliBaruta rescató sanos y salvos a dos jóvenes que estaban siendo víctimas de un secuestro en la urbanización Manzanares, nos alegramos, pero también nos preocupamos cada vez más.

Nos alegramos por el éxito y la detención de tres de los integrantes de esta banda, pero nos preocupamos porque mientras atrapamos y desmantelamos bandas de delincuentes, aparecen unas nuevas o viejas reorganizadas.

Mientras el procedimiento seguía su curso -y ante la conmoción que el enfrentamiento estaba generando- colocamos algunos mensajes en las redes sociales para nuestros vecinos de Manzanares, a fin de informarlos de lo que estaba sucediendo y conminarlos a permanecer en sus casas mientras la persecución se llevaba a cabo. Más allá de los mensajes de felicitaciones a nuestro cuerpo policial que recibíamos en respuesta, nos llegaron también dos tipos de mensajes que luego en frío nos hicieron reflexionar sobre la sociedad en la que estamos viviendo y en lo que nos hemos convertido.

Una buena amiga colocó lo siguiente: «Gerardo… eso de mantenerse en sus casas suena ominoso». Le respondí que, aun cuando así fuera, nuestro primer deber es cuidar la vida de nuestros vecinos. No queríamos que en un enfrentamiento o en una confusión saliera nadie herido. Lo entendió de inmediato, pero realmente ella tenía razón. Resultó terrible decirles a los vecinos que permanecieran encerrados en sus casas mientras se desarrollaba el procedimiento, aun cuando era necesario.

En el país que estamos viviendo el autoencierro para protegerse de la delincuencia se ha convertido en la regla. Nuestras ciudades son pueblos fantasmas en cuanto cae la noche. Calles, avenidas y autopistas vacías en donde el mal puede aparecer en cualquier momento y tomar la vida o bienes de los ciudadanos decentes. Lo ominoso y hasta vejatorio -estimada Olga- es que esto esté sucediéndonos a todos los venezolanos y aun cuando muchos hacemos hasta lo imposible para que no suceda, resulta increíble que hayamos llegado a estos niveles de violencia y delincuencia. Por cada banda que se desarticula, aparecen dos más a tomar su lugar.

El otro tipo de mensaje que también nos enviaron decía: «Maten a esos C d M choros». Así de explícitos y abundantes fueron las decenas de mensajes que recibimos pidiendo que asesináramos a quienes habían tratado de cometer el secuestro. La convicción de que quien delinque en Venezuela gozará de total impunidad, lleva a los ciudadanos a escribir abiertamente mensajes tan fuertes y duros.

¿Nos rebajamos todos en colectivo a niveles primitivos como el de desear ajusticiamientos a los delincuentes porque existe un sistema judicial que no responde a las necesidades de un cuerpo social que clama por justicia sin recibirla?

Personalmente nos negaremos siempre a asumir que todo fracasó y que no somos capaces los venezolanos de darnos un sistema judicial que funcione para que quien delinque no quede impune.

Las políticas de seguridad deben ser integrales. No se trata solo de cuerpos policiales eficientes, bien entrenados y equipados. Esa es la primera de las funciones del Estado en materia de seguridad y allí, aun cuando hemos avanzado, todavía hay mucho por hacer. Pero tras esto, en un Estado democrático de derecho y de justicia (Constitución dix), se impone una revisión y transformación profunda del aparato judicial del Estado que tiene como función juzgar.

Cientos de veces hemos criticado duramente actuaciones del Ministerio Público o de los tribunales que desvían el cumplimiento fundamental de sus obligaciones y se ponen al servicio de una parcialidad política, con actuaciones, imputaciones o sentencias violatorias del derecho.

En los últimos tiempos hemos podido coordinar acciones policiales contra la delincuencia con el CICPC y con fiscales del Ministerio Público que sí quieren que los delincuentes sean capturados y juzgados. El caso Manzanares fue el último ejemplo de ello.

Lo que lamentablemente aún no se logra es que el llamado Poder Judicial -léase los tribunales- también entren en una perfecta alianza para luchar contra la impunidad. Y tampoco se ha logrado que el último eslabón de esta cadena se incorpore sin soberbias ni exclusiones: el sistema penitenciario. El hacinamiento carcelario, que de por sí es fuente directa de más delincuencia, está generando ahora hacinamiento en las celdas temporales, en las sedes policiales.

¿Será posible que los venezolanos lleguen a confiar en la justicia y acabar con la impunidad que, sin duda, es el mejor incentivo para quien delinque? Es difícil, pero no imposible si todos remamos hacia el mismo lado.

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 @GerardoBlyde