El lenguaje es dinámico. No se queda quieto. Se enriquece y cambia en la forma y en el fondo, por fuera y por dentro. Lo que ayer significaba gélido, hoy es sinónimo de caliente o problemático, que ha sido el caso de «álgido», un término que como «chévere» cayó en desuso tan pronto los almidonados de la RAE, con su espectacular lerdez para entender la materia que es su razón de vida, lo incorporaron al diccionario. No tengo pronósticos sobre el futuro del verbo «encadenarse»; incrédulo soy en cuanto a la incorporación de la acepción criolla “pegarse a hablar y no permitir que ningún otro lo haga”, como fue constante desde 1999 hasta 2013, con Hugo Chávez, y desde entonces con su sucesor. “No te encadenes” es de uso corriente hasta en los consejos comunales.

Las constituciones, al contrario, no cambian con tanta rapidez. Mientras menos sean modificadas, reformadas o enmendadas mejor es; si consta de unos pocos y sensatos artículos, no una lista de incumplibles, mejor también. Los países más estables y que más han progresado han tenido una sola constitución. Las naciones dominadas por los caprichos de los caudillos son más atrasadas. Cada hombre a caballo que tomaba el poder traía en las alforjas una carta magna hecha a su medida. Venezuela ha tenido en promedio una cada ocho años y caudillos a granel. El mariscal Juan Crisóstomo Falcón, el militar que más provecho le ha sacado al ir y venir de una hamaca, el gran invento aborigen, fue filoso en su respuesta cuando un adversario le preguntó por qué había cambiado la constitución si era exactamente igual a la anterior: “Porque la escribieron ustedes, no nosotros”.

La Asamblea Constituyente que le puso el apellido «bolivariana» a la república establecida en 1811 enumeró una por una las obligaciones, facultades, responsabilidades y poderes del presidente. Ninguna le concede el mérito de decidir qué información pueden recibir los venezolanos, tampoco de quién; mucho menos qué contenidos deben privilegiar o relegar los medios de comunicación. El jefe del Estado no puede censurar, perseguir u ordenar la detención de alguien. En democracia ese poder no lo tienen ni los jefes civiles. La república cuenta con instituciones jurisdiccionales. He ahí la sabiduría de Montesquieu y la división de los poderes. Conatel, en la ley y en la conciencia del venezolano –el individuo, no la masa– no es un organismo subrogado a Miraflores, creado para obedecer órdenes, “Fuera CNN”, como ocurre en la praxis. Debe proceder en función del bien común, no de la voz de mando del secretario general del PCC a través del presidente del PSUV, a los que les encanta la censura previa y encadenarse. Vendo cartilla democrática en tiempos de dictadura, esta sí subrogada.