La concepción del Estado constitucional democrático y de Derecho es quizás el logro más importante de la civilización occidental. Es solo dentro de él que la humanidad ha logrado, tras siglos de evolución, la consagración de la supremacía tanto de los derechos humanos como de la ley que nos hace a todos iguales en derechos y obligaciones.
Desde los pensadores greco-romanos, pasando por la ética judeo-cristiana, hasta llegar al Renacimiento y la Ilustración (con Locke y Montesquieu a la cabeza), la historia de la civilización occidental avanzó en una tortuosa evolución que desembocó en la Revolución Inglesa de 1650, la Revolución (Norte) Americana de 1777, la Revolución Francesa de 1789 y, luego, las gestas emancipadoras de nuestra Hispanoamérica a partir de 1808. Todas ellas tenían como fin la creación de estados constitucionales. Bolívar también la tuvo. Esos estados constitucionales no eran nada cercanos a idea marxista alguna (de donde luego se originan el comunismo y su derivado, el socialismo), pues el pensamiento marxista ni existía.
La evolución de los estados constitucionales surgidos de esas revoluciones siguieron sus sendas hacia la institucionalización, con enormes esfuerzos y enfrentamientos, de estados democráticos y liberales. A principios del siglo XX, quienes pensaron en mejores formas de ser justos e igualitarios, comenzaron la descalificación del Estado democrático liberal de derecho llamándolo «liberal burgués» y comenzaron la construcción de supuestos modelos distintos.
En 1945 fue derrotado el oprobioso modelo fascista y en los ochenta el modelo basado en las ideas de Marx implosionó, tras un gigantesco fracaso económico que sometió a pueblos enteros por décadas suprimiéndoles la libertad en pos de una igualdad que nunca se produjo. Entretanto, el Estado liberal constitucional democrático y de derecho continuó evolucionando para producir mejor calidad de vida a sus nacionales e instaurar la supremacía de los derechos humanos.
Los viudos del Estado marxista arreciaron su campaña mundial descalificándolo como «neoliberal»; empero, las izquierdas democráticas de Occidente entendieron que ese Estado constitucional de derecho era el único verdaderamente democrático, garantista de derechos y en el cual la prosperidad económica era viable. Viudos -como los Castro de Cuba y sus herederos políticos- no lo aceptaron y continuaron atados al «estatismo salvaje, autoritario y generador de pobreza», como los calificó Jorge Olavarría alguna vez.
El híbrido que ha tratado de imponerse en Venezuela recoge la apariencia de un Estado constitucional democrático y de derecho que convive con un modelo socialista no democrático, que ha venido involucionando en un estatismo exacerbado, que ha hegemonizado el poder y fundido en uno solo todos los mecanismos de control y tutela del cumplimiento de la ley para favorecer exclusivamente a quienes detentan ese poder. También ha generado los mayores niveles de pobreza y desesperanza que hayamos tenido en muchísimas décadas. El modelo ha vuelto a fracasar, así se vista de democrático. Todos los estudios de opinión recientes revelan que al menos el 70% de la población está descontenta (aun cuando no lo manifiesten, la protesta para muchos va por dentro) y lo que es más peligroso, siente que a futuro las cosas serán aún peores.
No será con represión contra quienes protestan, ni con encarcelamiento a líderes políticos o alcaldes electos, ni con la destitución de diputados -todo mediante procedimientos no constitucionales y sin garantías al derecho a la defensa- que logrará el Gobierno frenar lo que nos sucede. No se trata de un hombre o un grupo de ellos. El sentimiento de ahogo de millones de ciudadanos -miles que protestan y millones que no lo hacen pero que tampoco se oponen- responde al fracaso estrepitoso de un modelo estatista, autoritario, hegemónico y empobrecedor, frente a una minoría que ejerce el poder y que ha permitido la corrupción y el desmembramiento institucional del Estado a niveles tales que nadie, ni siendo partidario del régimen, siente seguridad alguna a futuro.
La profundidad de esta crisis no puede subestimarse. Incluso quienes no estamos de acuerdo con formas de protesta no pacíficas y no respetuosas del derecho de los demás, sabemos que el descontento está allí. Y crece cada día. La presión que se está acumulando solo puede bajar si el Gobierno entiende la dimensión de la crisis que no solo es política (para lo cual debe dar amnistía a estudiantes, líderes políticos presos o exiliados) sino más grave aún, es socioeconómica. Se requiere mucho más que el «Vuelvan Caras» de Páez.
Por Gerardo Blyde
