El Plan Zamora impuesto por el Gobierno de Maduro sigue su avance. Con los dos asesinatos ocurridos el día miércoles 26 de abril ya suman 34 las víctimas de la feroz represión que se ha aplicado contra las manifestaciones opositoras que se han registrado desde el 4 de abril.
El asesinato del joven estudiante por parte de la GNB en Altamira en el contexto de una inclemente represión de más de tres horas y el ataque de la GNB al lado de colectivos armados en una urbanización de Barquisimeto, indican que el programa, de carácter bélico, que se está aplicando a la disidencia no tiene ningún freno a la violación de los derechos humanos y peor aún al derecho a la vida.
Es de resaltar que se trata de una fuerza armada en contra de una población desarmada y sin mecanismos de defensa alguno.
El rechazo de la población a las figuras del Gobierno ya es un hecho masivo y no hay programa de reparto de alimentos, aumentos de salarios o promesas de futuros de progreso que pueda frenar el malestar popular, en el contexto de una acelerada descomposición de la sociedad en su conjunto.
Bandas delictivas, policías y militares y colectivos armados se confunden en su conducta delictiva. Unos saqueando pequeños negocios y disparando, otros atacando y robando a los detenidos y los terceros disparando sin ningún tipo de limitación. En otras palabras cualquier vestigio de institucionalidad ha desaparecido en Venezuela.
La única contención que surge en medio del caos son las organizaciones civiles y algunas instancias que sobreviven a la barbarie. En Barquisimeto de no ser por las organizaciones civiles que se organizaron para la defensa de sus derechos y algunas comunidades que se movilizaron hacia la urbanización sitiada, para contener a la GNB y a los colectivos, la represión en la urbanización Sucre hubiese podido alcanzar un nivel de masacre.
Podemos entender que con esas acciones del día 26ª, que se une a la decisión del Gobierno de retirarse de la OEA, violando la Constitución venezolana, que el régimen madurista ha entrado en una nueva fase en la que se rompe, nacional e internacionalmente con el sistema democrático.
Ya 19 países más cuatro indecisos de la OEA han comprendido que es necesario aplicar al Gobierno venezolano la Carta Democrática. El respaldo a Maduro queda reducido a los tres países del ALBA y el pequeño núcleo del Caribe que todavía se beneficia del petróleo venezolano.
Las deudas internacionales de Venezuela han comprometido su alianza con las potencias como China y Rusia cuya desconfianza al Gobierno de Maduro comienza a cerrar cualquier posibilidad de financiamiento.
Plantear la salida de la OEA ya no solo es un asunto político sino que igualmente tendrá consecuencias en el ámbito económico aumentando el aislamiento de Venezuela. Hasta Cuba, una revolución que se está volviendo pragmática, comienza a buscar su Plan B en vista de que observa cercano el fin de esa “teta” de 100 mil barriles de petróleo que le ha regalado el Gobierno chavista.
Pero la represión, los asesinatos y la violación a los derechos humanos es un elemento que ahora jugará con fuerza en las relaciones internacionales. Con la propaganda y la información falsa emitida por el Gobierno ya no es posible ocultar los hechos violentos sufridos por la población.
El mensaje que envía la canciller Delcy Rodríguez al mundo cuando dice: “No aceptamos que intervengan en Venezuela” podría entenderse como: “la violación a los derechos humanos es un asunto nuestro”.
De manera que una pregunta que cabe hacerse es ¿cuántas de las altas figuras del Gobierno y del chavismo están dispuestas comprometerse con el rol represivo que encabeza el Gobierno que avala y justifica el asesinato?
Francisco Olivares
@folivares10
