Con el advenimiento de las elecciones se hacen realidad las negociaciones, compra y venta de las franquicias y hasta de «dirigentes» políticos. La competencia electoral transmuta en una suerte de mercado público donde se bachaquean intereses.
Los que ya estaban comprados y disfrutan de su nuevo estatus económico siguen su trabajo subterráneo y aparecen de primeros en las listas de viejas tarjetas que de pronto cambian de bando. Es algo así como políticos de desecho a los que se acude para hacer el trabajo que otros no quieren hacer.
Alrededor de la tarjeta de la Unidad fueron colocadas otras con el mismo nombre de Unidad, por la alianza oficialista, siendo el caso más descarado el ocurrido con MIN Unidad, que en anteriores procesos apoyó la causa opositora.
No imagino qué habría pensado sobre eso el fundador del Movimiento de Integridad Nacional, Renny Ottolina, quien dedicó su vida pública a la lucha contra la corrupción, por la institucionalidad, la integridad del ser humano y por las libertades democráticas.
Sin embargo es de precisar que estas cirugías electorales, voto asistido, utilización arbitraria de las leyes y la Constitución, o el ventajismo de un movimiento político como el PSUV y sus aliados, que cuentan con el dinero y el poder institucional, no son suficientes para cambiar la intención de voto de una gran masa electoral.
Ciertamente esas maniobras producen un número de votos que ayuda a compensar un poco el declive electoral del PSUV, pero eso no es garantía de triunfo frente a un electorado que está sufriendo una severa crisis económica y social. Es decir: trampa y ventajismo puede haberlo, pero sin votos suficientes será difícil cambiar la correlación de fuerzas.
Adicionalmente se producen situaciones como la confrontación que se está promoviendo en las fronteras con las deportaciones y la declaración de «Estado de excepción». La exaltación del nacionalismo fracasó con el tema de Guyana y ahora, teniendo a un país en crisis económica, se sacrifica el intercambio económico con Colombia, que representa millones de dólares, para intentar un nuevo efecto en la población que le devuelva al presidente Maduro la aceptación que ha perdido con una gestión que desaprueba 80% de la población.
El «Dakazo» le dio algo de aceptación al Presidente al comienzo de su gestión, pero un año después esos puntos de popularidad los volvió a perder cuando la gente se dio cuanta que aquella acción, que le puso a la mano televisores a precio de gallina flaca, significó la desaparición del mercado venezolano de los electrodomésticos.
Si antes se movilizó a las tropas hacia los comercios y se metió tras las rejas a los comerciantes, hoy esas tropas se envían a la frontera a derribar ranchos y expulsar colombianos, a quienes se les atribuye la razón de la escasez.
La rectificación de las políticas de controles no parece ser una vía dentro del PSUV y eso lo percibe el electorado. Ni «guerra económica» ni persecución a «bachaqueros», parecen rendir frutos en esta contienda. Pero la compra de viejas franquicias políticas difícilmente ayudará a cambiar los resultados.
Francisco Olivares
@folivares10
