Serán incalculables las consecuencias de la decisión de los colombianos de elegir hoy como presidente constitucional al candidato del “Centro Democrático”, Iván Duque, y no solo porque sacudirá de raíz al status quo que intentó crear Juan Manuel Santos, sino porque ahondará el abismo que separa a la democracia neogranadina del modelo narcosocialista que insiste en instaurar Nicolás Maduro en Venezuela, y con el cual, desde los tiempos de Chávez, sostiene una guerra “no declarada”.

Y es que, no puede ser más abierta y agresiva la hostilidad de Duque, y el líder del partido que lo postula,Álvaro Uribe, hacia la dictadura que impera en “el hermano país”, ni menos fuerte la decisión que proclaman de contribuir a licuar un sistema de gobierno que juzgan incompatible con el regreso de la libertad, la democracia y la defensa de los Derechos Humanos a Colombia.
En este orden, ningún señalamiento más grave como  acusar a  Maduro de prestar el territorio venezolano de “zona de aliviadero” de los grupos guerrilleros que las FARC y el ELN mantendrían en la reserva, pero prestas a actuar, en caso de que Duque se niegue a aceptar, tal como fue firmado, el “Acuerdo de Paz Santos-Timochenko”, forzando a un nuevo pacto que anularía los principios y ventajas del primero.

Pero no es solo la cuestión  de las “zonas de aliviadero” que las FARC y el ELN tendrían en la reserva -y en estado de alerta en caso de que el “Acuerdo Santos-Timochenko” sea desconocido-, sino que, continúa creciendo el disenso que recién ha introducido en las relaciones, los millones de refugiados venezolanos que Maduro está forzando a abandonar Venezuela para fortalecer el modelo de control de la población, mientras les pasa los costos de manutención y servicios a otros países y en particular a los vecinos.

Se trata de un mecanismo de origen  y naturaleza específicamente marxista, que fue implementado por primera vez en la URSS y copiado con viariable éxito en los países que fueron o aún son socialistas como Cuba, y que atañe también a políticas de “limpieza ideológica, étnica, racista o nacionalista”, de modo que, quienes permanezcan en el paraíso socialista sean súbditos con las defensas cívicas, humanas, físicas, espirituales y culturales reducidas al mínimo.

El problema es que, mientras Maduro y su pandilla crean las condiciones “ideales” para que el modelo neototalitario ancle y sea de difícil-si no imposible-, desarraigo en Venezuela, mina las bases de la democracia en Colombia y los países de la región, que ven exponenciados sus problemas económicos y sociales, al bajar sus expectativas de crecimiento, pues deben dirigir recursos a un aumento poblacional que no estaba en sus prospectivas ni planificación.

En otras palabras que, no solo son los problemas ideológicos, políticos y militares los que estarían tras la aceleración de un choque entre la dictadura venezolana y la democracia colombiana, sino nudos que enlazan con la estabilidad economica,  las expectativas de crecimiento y la reducción de la desigualdad y las injusticias sociales,  y  que gritan que la tragedia venezolana es también regional y requiere del concurso de todos los países afectados para que empiece a ponérsele fín.

Así, por lo menos, lo perciben tres actores cuya posición ha sido fundamental en el último año y medio para que, desde multilaterales como la OEA, y de gobiernos como los de Estados Unidos y Colombia, la región haya empezado a tomar conciencia de que un problema de todos, no puede ser resuelto sino por todos.

Y hablo, en primer lugar, del Secretario General de la OEA, Luís Almagro, quien, al otro día de asumido el cargo, inició la prédica de que, la irrupción en la región de una nueva dictadura marxista, la de Maduro y su antecesor Chávez, era un reto que incumbía a una organización que, había nacido para unir a las naciones del continente en la lucha por la defensa de la libertad y la democracia, y  debía hacer todo lo que establecían su carta constitutiva, leyes y reglamentos para proteger al pueblo de Venezuela contra el autoritarismo que lo oprimía.

Pero Almagro no ha estado solo en su lucha, y debe establecerse que siguiéndole los pasos se han destacado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el cual,  adscribiéndose a la política de enfretamiento sin pausa contra los dictadores de América y el mundo del presidente Trump, ha hecho suyas todas las propuestas que, con el sello de la mayoría de los países democráticos de la OEA y de la oposición venezolana, se han trazado para obligar a Maduro a renunciar o aceptar unas elecciones transparentes donde sea el pueblo venezolano el que decida si se queda o no.
Y last but not least, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual, durante los dos períodos que ejerció la presidencia de Colombia (2002-2010), no solo derrotó a los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, sino que contuvo la expansión del chavismo hacia el sur del continente al no permirle anclar en Colombia, Perú y Paraguay.

Ofensiva que no llegó hasta la victoria final, cuando su sucesor, Juan Manuel Santos, declaró a Chávez “su nuevo mejor amigo” y lo tomó como aliado  para pactar un “Acuerdo de Paz” con las FARC que las convierte en las “ganadoras de la guerra” y les concede enormes ventajas para que se civilicen y entreguen las armas.

Pero el pacto o acuerdo de Santos con las FARC también incluyó la clásula “no escrita” de dejarle “manos libres” a Chávez y a Maduro en Venezuela, lo cual se tradujo en un enorme daño para la democracia venezolana en el corto plazo, y en el mediano contra Colombia que, tiene hoy una pistola en la sien con el permiso que le ha dado Maduro a los irregulares para que operen desde Venezuela.

Álvaro Uribe, no solo no se ha cansado de denunciar tan escandalosa traición, sino que,  se ha comprometido a corregirla y esa es la oportunidad que se le ofrece a partir del lunes, cuando, Iván Duque, candidato de su partido el “Centro Democrático”, sea el nuevo presidente de Colombia.

De modo que, viejas y nuevas cuentas trae Uribe en sus archivos para cobrarle a Maduro, y puede afirmarse, con toda seguridad, que se las presentará una a una,  para que las cancele de inmediato y si no será Maduro y su narcosocialismo los que llevarán la peor parte en una confrontación donde, después de 20 años en el poder, el castrochavismo no deja en el país economía, infraestructura, servicios públicos, ni Fuerza Armada Nacional.

En esta tesitura, no sería ocioso recordar aquellos primeros años del chavismo en el poder, los que corrieron de 1999 al 2003, cuando Chávez y su ministro del Exterior, José Vicente Rangel, se lanzaron a destruir la Comunidad Andina de Naciones, CAN, porque y que favorecía solamente a Colombia, mientras declaraban la “neutralidad” en el conflicto del estado colombiano con las FARC que se acercaba a los 50 años e iniciaron políticas fronterizas que, en todo, contribuyeron al uso del territorio venezolano como “zona de aliviadero “de las FARC.
Fueron años terribles, cuando el presidente, Andrés Pastrana, no pudo avanzar en las conversaciones del Caguán y tuvo que recurrir a la implementación del “Plan Colombia” con los Estados para evitar que la guerrilla tomara Bogotá.

Hoy, es el sucesor del presidente venezolano que quiso destruir a Colombia aliándose a las FARC, el hijo de Chávez, Maduro, quien está con el agua al cuello y la gran pregunta es: ¿Declarará el presidente Duque que no reconoce al gobierno de Maduro por ser fruto de un fraude, animará a la oposición venezolana a que constituya su propio gobierno y le ofrecerá el territorio colombiano para que opere en sus políticas de destruir al enemigo común?

Son preguntas que no respondemos porque faltan días o quizá semanas o meses para ser despejadas, pero dado que las respuestas abundarían en la paz, la estabilidad y el bienestar de la región -y sobre todo de Colombia y Venezuela-, no exageramos si pronosticamos que las conoceremos antes de final de año.

En otras palabras que, llegó la hora de poner orden en el vecindario y es evidente que la principal causa de su perturbación, tiene que cesar.

Manuel Malaver