A lo largo del siglo pasado y éste que corre, la Humanidad se ha esforzado en sembrar en el planeta la conciencia sobre la necesidad de admitir que, sin derechos respetados, los seres humanos no podemos alcanzar niveles aceptables de convivencia pacífica. El mundo da vueltas hoy sobre un eje: todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Y son los estados y los gobiernos los primeros llamados a respetarlos y hacerlos respetar.
Cuando el Estado y sus instituciones irrespetan los derechos de los habitantes de una nación, éstos terminan con derechos torcidos. P.e., cuando el sistema judicial está contaminado y no ofrece a los ciudadanos la justicia oportuna e imparcial que la penalización de los delitos cometidos precisa, pues es la sociedad la que termina siendo privada de un derecho humano primario. Las estadísticas del sistema judicial venezolano hablan por sí solas.
Son vergonzosas. Pero hay algo que grita con mayor elocuencia: el comentario de los ciudadanos quienes en inmensa mayoría miran con desconfianza al sistema de justicia, calificándolo de injusto. Los delincuentes cuentan con que recibirán impunidad, si tienen la ascendencia y los medios económicos para costear que sus fechorías sean ignoradas por el sistema judicial. La sociedad ya no ve esto como una realidad tolerable y eleva su angustiosa voz de protesta, aunque el Estado crea que esto no es más que un arrebato inscrito en un tiempo de pasiones transitorias.
Tenemos en Venezuela una Constitución garantista. Ella obliga al Estado a, valga, la redundancia, garantizar la seguridad, la alimentación, la paz, la justicia, entre otras. El Estado viola consuetudinariamente esto. En nuestra querida y vapuleada Venezuela, los ciudadanos, casi sin distinción alguna, vivimos en perpetua espera de ser víctimas del quehacer de malhechores, pues el Estado no nos está garantizando la seguridad de nuestras personas y bienes. Los anaqueles en los comercios, anoréxicos de productos, dan cuenta de cuánto se están violando nuestros derechos a la alimentación. Al haber destruido nuestras infraestructura y estructura agroalimentarias, el Estado no solo violó los derechos de los productores del campo y de quienes se dedicaban a transformar esas materas primas en productos y surtir los puntos de comercio, de suyo ya gravísimo, sino que privó a los ciudadanos de sus derechos a la seguridad alimentaria. Al privilegiarse a sí mismo como productor, distribuidor y comercializador, con su evidente fracaso, y con la política de importación de alimentos, el Estado violó nuestros derechos garantizados por la Constitución.
Nuestra Carta Magna establece nítidamente un portafolio de derechos, entre ellos, el derecho a la protesta. Cuando el Estado usa su poderío para con fuerza desmedida aplacar la discordia ciudadana, está violando derechos humanos. El Estado, por lógica y diseño constitucional, está obligado a proteger al débil -el ciudadano- frente a la furia de organismos de seguridad. Cuando la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo ven ésta con complacencia o tuercen la mirada frente a los exabruptos de los órganos de seguridad para con los ciudadanos, están violando su juramento.
Las protestas en Venezuela, que contabilizan ya casi un mes, han sido una prueba para las instituciones del Estado. Lamentamos que no haya sido superada por quienes dirigen esas instituciones. Reprobados en su desempeño, vemos cómo ahora salen fuera de nuestras fronteras con la intención de presentar una versión distorsionada de los hechos y lucir como víctimas, cuando la triste y tan dolorosa verdad es que el Estado ha usado su fuerza para intentar domesticar a los ciudadanos de a pie, como si pudiese ser aceptable criminalizarlos y pisotear sus derechos individuales, colectivos y difusos.
No contento con todas las violaciones descritas, el Estado cae en el expediente de privar a los ciudadanos de su derecho a la información y a la obtención de diversos puntos de vista sobre la grave situación que se atraviesa. Desde la cancelación de canales en los sistemas de TV satelitales y de cable, pasando por la advertencia expresa hasta la velada amenaza, la ejecutoria de una política de hegemonía comunicacional se traduce hoy en un protocolo de desinformación diseñado, promovido e instrumentado por el sistema de medios públicos, que ha condenado a los ciudadanos a una autarquía en la información. Ello es una indisimulable violación a derechos fundamentales.
Duele decirlo pero la democracia en Venezuela está bajo amenaza del Estado y está siendo defendida por los ciudadanos.
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Por Gerardo Blyde
