Lee usted el título y se pregunta, con buenos motivos, ¿y a éste que le pasa? ¿Cómo hablar de Derecho Parlamentario en un país donde pasa lo que aquí? Hemos presenciado agresiones físicas alevosas a diputados a quienes se les niega el derecho a hablar en cámara, sustracciones de su remuneración, destitución arbitraria de presidentes de comisiones y todo ello, ni siquiera ruboriza a quien lo comete sino, al contrario, parece constituir motivo de orgullo y materia prima para vanagloriarse.
Pero no podemos confundir la historia del país con uno de sus capítulos, ni a Venezuela con ese pequeño grupo que usufructúa el poder a placer, y que ni siquiera representa a esa vasta sección del pueblo que apoyó al proceso y se ilusionó con el liderazgo y la promesa del difunto Presidente. En este país, que es de todos y así queremos que todos podamos sentir y vivir en la realidad, hay mucha gente valiosa pensando, estudiando, haciendo propuestas constructivas.
Tal es el caso del joven profesor universitario Juan Miguel Matheus, quien esta semana presentó en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales su obra La Asamblea Nacional: Cuatro perfiles para su reconstrucción constitucional. Libro que sin dejar de ser crítico del presente, no deja de ser optimista con relación a las posibilidades del futuro. Prólogo y epílogo le escribieron, respectivamente, Allan Randolph Brewer-Carías y Jesús María Casal H, dos de los más distinguidos especialistas en Derecho Público en Venezuela y, a no dudarlo, entre los juristas patrios con más reconocimiento internacional.
En democracia, se confía las tareas parlamentarias de representar, legislar y controlar a un cuerpo colegiado. La racionalidad de este hecho es obvia. Siendo el pluralismo una condición natural de la sociedad, el trabajo parlamentario debe ser representativo y deliberativo.
La Constitución de 1999, cuya vigencia defendemos de toda amenaza, es el espacio de encuentro para los venezolanos. No porque sea perfecta, que no lo es porque como obra humana es siempre perfectible, sino porque puede concitar el apoyo de ambos lados de la aguda polarización que hoy nos caracteriza, y eso no es poca cosa. Si por lo menos esa Constitución se cumpliera, tendríamos un piso común seguro para procesar nuestras diferencias y para progresar juntos.
Claro que en su texto el Poder Legislativo, aunque mantiene su primacía constitucional, se ve debilitado. Tiene menos representatividad, menos capacidad de legislar y menos condiciones para controlar la administración pública. Pero si estuviéramos en una situación en la cual las previsiones constitucionales se respetaran y acataran, nuestros problemas políticos sería mucho menores y más manejables y, como natural consecuencia de ello, habría condiciones más favorables para abordar los crecientes pasivos económicos y sociales. Hacia allá hay que atreverse a avanzar. Si, como en el poema de Andrés Eloy Blanco, “La renuncia es el viaje de regreso del sueño”, abandonar el sueño hegemónico, siempre imposible, traerá el realismo necesario para comprender mejor al país de carne y hueso. Ese que el 14 de abril, aún con los resultados oficiales que hemos impugnado ante el TSJ, demostró que no quiere monopolios.
La Constitución que tenemos es la que tenemos y cumplirla y hacerla cumplir es nuestro deber ciudadano. La institución parlamentaria nacional puede y debe funcionar más a tono con lo que la Carta Magna pauta. El Reglamento Interior y de Debates es para mantener el orden en los debates, y no para subvertir el orden constitucional. La independencia de los diputados debe ser garantizada eficazmente.
Un parlamento que funcione y cumpla, será una ayuda a la constitucionalidad y a la convivencia en paz y progreso que queremos todos los venezolanos.
Por Ramón Guillermo Aveledo
