Es necesario insistir en la necesidad de que exista una coordinación permanente para frenar la delincuencia en el país y que no solo se actúe cuando se registren sucesos puntuales. Las soluciones para combatir la inseguridad de manera eficiente van a depender de la voluntad política, siempre y cuando exista una verdadera intención de acabar con la impunidad.

La causa de todos estos desequilibrios se ubica precisamente en esa impunidad, en la parcialización de la justicia, y en la falta de programas viables de seguridad y coordinación permanente. El Gobierno ha sido incapaz de ejecutar políticas eficientes que permitan enfrentar con eficacia este flagelo; además, no ha habido funcionarios de alto nivel ganados verdaderamente al propósito de luchar contra la delincuencia.

El delincuente común generalmente victimiza a las personas de su propio entorno, y en la medida en que se organiza, extiende su radio de acción. Si este problema es atacado en la fase incipiente, se puede evitar un daño mayor. En esta actividad, la información juega un papel fundamental, por lo tanto es necesario el fortalecimiento del cruce de datos sobre los delincuentes y sus bandas mediante salas situacionales, rescatar el análisis de los expedientes para revisar la evolución de sus procedimientos o modus operandi, y hacerles sentir, siempre desde la legalidad, que no habrá contemplaciones en la lucha contra sus perversas actividades.

Una de las razones que dificulta afrontar efectivamente el delito, es la falta de denuncia por parte de las víctimas del mismo, lo que priva a los cuerpos policiales de uno de sus principales insumos para la actuación. Esto sucede en buena medida porque las policías han desestimulado la denuncia con la falsa creencia de que así mejorarán sus estadísticas sobre desempeño. Esta es una lógica perversa que en nada ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Se hace necesaria entonces la creación de procedimientos alternos para la recepción y procesamiento de denuncias a través de las fiscalías del Ministerio Público, núcleos de la Defensoría e, igualmente, a través de las policías nacionales, regionales y municipales. La comisión de faltas debe ser sancionada mediante penas establecidas en el ordenamiento jurídico, respetando siempre el Estado de Derecho y el principio del debido proceso. El infractor debe sentir todo el peso de la ley.

@alcaldeledezma

Por Antonio Ledezma