“Trabajo es lo que hay que dar, y su valor al trabajo”. Varias veces he citado en este espacio de contacto con ustedes, de larga data en estas páginas queridas, esa línea de Andrés Eloy Blanco que, como muchas suyas, tanto me gusta. “Trabajo es lo que hay que dar, y su valor al trabajo”.
El trabajo es dignidad humana en acción, porque mediante él la persona se realiza, por eso hay que valorarlo, tanto en el plano ético y social, como en el económico. Lo que la OIT llama “trabajo decente” es uno digno, bien remunerado, realizado en condiciones adecuadas y con seguridad social.
Este Primero de Mayo se celebró en una circunstancia que reclama reflexión y movilización en defensa del trabajo. Del trabajo como derecho y del trabajo como valor.
El poder adquisitivo del salario está golpeado por la inflación y la devaluación, hay mora en los contratos colectivos del sector público, no se está generando empleo en el sector privado, se estimula el paralelismo sindical. Paradójicamente, la Presidencia de la República la ocupa alguien con antecedentes como trabajador y como dirigente sindical.
Agravante de ese cuadro de fondo, de suyo preocupante, es la coyuntura en la que aporta la lectura equivocada que del resultado electoral hace el gobierno que en lugar de intentar comprender las causas del severo detrimento en su respaldo, ha tomado el nocivo camino de perseguir a los “traidores”, que son aquellos trabajadores que por sus opiniones abiertas, o por sus comunicaciones vía celular o correo electrónico son sospechosos del “delito” de votar por Capriles, el candidato de la Unidad.
En insólitas declaraciones el Ministro de la Vivienda Molina, amenaza funcionarios por ser “militantes de partidos fascistas” y menciona a organizaciones democráticas que funcionan legalmente y persiguen fines constitucionales, y además dice, sin tapujos que la legislación laboral no le “importa en absoluto”.
En seguida, es premiado con la ratificación en el cargo. Antes, se había conocido una declaración similar del Director de Deportes de la gobernación del Zulia y el jueves, escuché por televisión la grabación de otras de autoridades educacionales de esa misma región. Del Zulia se informa que han sido destituidos cuatrocientos docentes por causas políticas, lo cual es sencillamente ilegal.
Parecidas noticias de amenazas llegan de Anzoátegui, cuyo gobernador es docente de profesión, ha ejercido el ministerio y, por años, fue dirigente gremial. Uno se negaría de plano a creer que el profesor Istúriz acepte tal atropello, si no apreciara que se trata de una ola de insensatez sectaria a nivel nacional.
Ligia Bolívar, quien dirige la oficina que sigue el tema de Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, una especialista rigurosa e imparcial, declaró que procesaban denuncias de casos de acoso a trabajadores en varios entes públicos, entre ellos Edelca, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Gobernación de Nueva Esparta y el Consejo Legislativo de Miranda.
En la dirección de correo electrónico que la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad ha dispuesto al efecto, llueven las denuncias de casos de trabajadores al servicio del Estado.
El Día del Trabajador no puede quedarse en retórica y repetición de rutinas. Los venezolanos tenemos que defender el trabajo.
Ramón Guillermo Aveledo
