Abordar la relación entre fines y medios es frecuentemente motivo de discordancia: para la Ley Natural, el fin justifica los medios, para el Derecho Positivo, la legitimidad de un fin se establece a través de la justificación legal de los medios que se emplean. Cuando la relación entre ambos, fines y medios, es conflictiva, por argumentos irreconciliables, pensadores importantes, como Walter Benjamin (en su Crítica de la violencia), proponen el uso de criterios objetivos, mutuamente independientes, que permitan establecer por separado la legitimidad del fin y la justificación de los medios empleados.
¿Qué encontramos si aplicamos tan salomónico criterio al caso venezolano? Primero, un recuento objetivo de los medios empleados por el poder político, incluiría: fraude electoral, autoritarismo, secuestro de los poderes públicos, politización partidista de las fuerzas armadas, intervención cubana en la conducción política, actuación impune de colectivos y organizaciones terroristas, corrupción como fuente de poder armado, estatización de la capacidad de producción, militarización de la justicia. En cuanto a la violencia, como medio, los recientes hallazgos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la Determinación de Hechos la ilustran: Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.
Sobre el fin perseguido, éste lleva por nombre: Plan de la Patria y tiene como magno objetivo “lograr la mayor suma de felicidad posible para el pueblo”. Para ver en qué se ha materializado tan noble propósito bastan unos pocos indicadores: 96% de pobreza, 79.3% de insuficiencia alimentaria, apenas 25% de hogares con suministro diario de agua, disminución de la expectativa de vida, diáspora masiva, mortalidad infantil de 26 por mil que duplica el indicador normal, entre otros.
Imposible que la Ley Natural o el Derecho Positivo encuentren aquí legitimidad, justificación o concordancia. Se trata de un Estado fallido, fracasado y criminal. Un Estado que perdió la razón de ser.
Ramón Peña
