Ayer tarde presenté en Barquisimeto, en el marco de las Jornadas Jurídicas Domínguez Escovar, el Curso de Derecho Parlamentario, un manual de estudios que me han editado la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Hace unos días, el 18 de este mismo mes, lo presenté en la Academia de Ciencias Políticas en Caracas. Por el acto de anoche agradezco la deferencia al Instituto de Estudios Jurídicos de nuestro Colegio larense, y muy en particular a mi apreciado y admirado Jorge Rosell.
¿Es este un libro acerca de una disciplina en crisis? ¿Està el Derecho Parlamentario en crisis en Venezuela? Las preguntas son pertinentes y, muy probablemente, haya que planteárselas incluso en una perspectiva màs amplia. La crisis de la juridicidad en nuestro país no se detiene en el Derecho Constitucional ni en el Administrativo. Hoy me referiré a eso en mi ponencia acerca de la Judicialización de la Política en las Jornadas del Colegio de Abogados.
Porque alcanza al Derecho Mercantil y al Laboral, al Agrario y el Penal. Y conociendo la situación de la Administración de Justicia, creo que no se escapa ni siquiera el Derecho Civil. Les confieso que me conmueve la cantidad de jóvenes que se interesa en el Derecho Constitucional en nuestro tiempo y que encuentro esperanzadores actos tan sencillos como abrir un aula de clases, empezar a escribir una cuartilla, introducir un libelo o leer un libro.
En países como el nuestro, estudiar Derecho o ejercer nuestros derechos son actos de rebeldía. Hemos tenido crisis de Derecho Parlamentario a lo largo de nuestra historia. Unas bien resueltas y otras no. Con sus consecuencias respectivas. En 1811 el voto salvado del Diputado Maya salvó la primera. En 1848 el asalto al Congreso convirtió la segunda en una grave crisis nacional.
En 1953 la dictadura ignoró la crisis planteada con motivo de la instalación de la Constituyente espuria y la falta de garantías a los representantes, se prolongó por cinco años hasta que colapsó y vino el 23 de enero. De los sesenta en adelante, las discrepancias en el Congreso llegaron a ser muy graves, pero la práctica de la convivencia y la noción incluyente del sistema que se fundaba dio para resolverlas. Podemos decir que la actual no ha sido la primera crisis de Derecho Parlamentario en el país, pero sí la màs amplia y profunda.
El Reglamento Interior y de Debates, garantía de orden y derecho, ha estado signado por la inestabilidad. Varias veces fue modificado, las màs con sentido restrictivo, entre 2000 y 2005. Y en la reforma crepuscular de 2010, realizada por la cámara saliente cuando una de correlación distinta ya había sido elegida, todo apuntò hacia la limitación de la deliberación. Sirva de ejemplo que se suprimió entero el título dedicado a los grupos parlamentarios. Ha sido noticia la situación precaria del fuero parlamentario. Tanto en lo relativo a la inmunidad, como la inviolabilidad, la libertad y la seguridad de los diputados. Los casos, tristemente, no escasean. El reciente de la diputada Machado es un escándalo.
Ramón Guillermo Aveledo
