Entró diciembre y Maduro no se ha ido. Sigue en Miraflores, contra todos los pronósticos que auguraban que, después de alzar alas en su ascenso presidencial, tendría un vuelo corto. En las arenas movedizas de la política, las profecías se caen a menudo.
La gente se sigue preguntando por qué sobrevive un gobierno que cada día se torna más dictatorial, repudiado por la inmensa mayoría de los venezolanos y con un contundente desafecto de la mayoría democrática de la comunidad internacional. En reciente informe donde se analiza la situación en 158 países, el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) afirma que “Venezuela es el país con más grave retroceso en los últimos 40 años en el mundo”. Ese desafecto internacional se ha traducido en sanciones a los jerarcas del oficialismo y medidas limitativas de la acción gubernamental en el ámbito económico externo.
El Estado de Derecho ha desaparecido. Maduro es un presidente con un mandato ilegítimo, producto del fraude electoral del 20 de mayo del año 2018, que se manufacturó, además, con la inhabilitación de los cuatro partidos políticos más importantes del país, como lo son Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. El principio fundamental de la separación de poderes ha muerto porque el Poder Ejecutivo los tiene postrados a sus pies, y los utiliza contra el verdadero y único poder legítimo existente actualmente, como lo es la Asamblea Nacional, que preside Juan Guaidó. Así hemos visto, como lo ha informado la ONG Acceso a la Justicia, que hasta la fecha el TSJ sumiso a la dictadura ha dictado 113 sentencias contra la Asamblea Nacional, es decir, una cada 15 días. Hay que señalar que de esas sentencias, 24 se emitieron para convalidar (sin la autorización de la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución) el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, vigente desde el año 2016, y 18 para excluir la potestad contralora de la Asamblea Nacional, adicionalmente declarada “en desacato”.
La dictadura ha alcanzado su ansiada hegemonía comunicacional, yugulando la libertad de expresión, hasta el punto de que para el pasado mes de noviembre se habían clausurado 600 emisoras, 67 periódicos impresos dejaron de publicarse, y a diario son bloqueados los medios digitales. La represión contra la disidencia política no cesa. Las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), grupo-comando adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cometen ejecuciones extrajudiciales por presuntos enfrentamientos con delincuentes que cubren con el ropaje jurídico de “resistencia a la autoridad”. Por su parte, los llamados “colectivos”, armados por el régimen y entrenados militarmente, se hacen dueños de zonas que ocupan, tienen a su disposición gases lacrimógenos y fusiles AK, como es el caso de los Tupamaros, los Carapaicas, la Piedrita y el Simón Bolívar, que operan en Caracas. Otro grupo de civiles armados al servicio de la represión es el de la llamada Milicia Nacional Bolivariana (el pasado 16 de noviembre participó, uniformada, en una marcha del PSUV) que, violando el artículo 328 de la Constitución, se pretende incluir como componente de la FAN, y la cual fue exaltada por Maduro, el 14-11-2019, en los siguientes términos: “Celebramos el logro de los 3 millones 295 mil 335 milicianos y milicianas. ¡Rumbo hacia los 4 millones!”. El Foro Penal Venezolano ha informado que, a finales del pasado mes de noviembre, había 402 presos políticos, y que “desde el año 2014 y hasta la fecha (13-11-2019) se ha sumado un total de 15.180 presos políticos a lo largo y ancho del país”. Se obstaculiza el derecho a manifestar, y la tortura que ahora se practica supera las modalidades que se conocieron durante la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, como lo revela el famoso informe Bachelet, presentado el 4 de julio de este año 2019, sobre los derechos humanos en Venezuela: “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”. Doloroso paisaje pintado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
Al desastre político se suma el desastre económico. Desde el año 2013, la economía venezolana entró en recesión (nunca antes en nuestro país una recesión se había prolongado por más de dos años sucesivos) y a la fecha tiene una caída acumulada superior al 66% (según la Cepal, se contraerá un 25,5% este año 2019), con sus consecuencias de un mayor desempleo (el FMI, en su más reciente estimación, lo sitúa este 2019 en una tasa del 47,2%, “mientras que en 2020 podría llegar al 50,5%, la más alta en la historia de la región y la mayor en el mundo”) y una mayor pobreza (Encovi, Encuesta de Condiciones de Vida, reveló que en el año 2018 el 48% de los hogares venezolanos vivían en pobreza, y, los trabajadores que devengan salario mínimo y los pensionados se encuentran en situación de pobreza extrema por percibir menos de 1,25 dólares diarios, umbral establecido por la ONU para ese nivel de pobreza). La hiperinflación (se entra en ésta cuando la tasa mensual es superior al 50%, según criterio, acogido por los economistas, del también economista Philip Cagan), se instaló, por primera vez en nuestro país, en noviembre del año 2017 (el FMI prevé que cerraremos el año 2019 con una tasa de inflación del 200.000%), arruinando el poder de compra de los venezolanos, y ostentando el triste honor de ser la segunda hiperinflación del mundo en el siglo XXI, después de la de Zimbabue. Debido a la hiperinflación se ha perdido la confianza en el bolívar y se ha pasado al uso del dólar como medio de pago, hasta el punto de que, según Ecoanalítica, “se evidenció que en octubre pasado 54% de las transacciones en el país se pagaron con dólares”. Se ha destruido a PDVSA, cuya producción ha caído de 3 millones y medio de barriles diarios en 1998 a poco más de 600.000 barriles diarios en el año 2018. La deuda pública pasó de 27.000 millones de dólares en 1999 a casi 145.000 millones de dólares en el 2019, según datos del BIB (Banco Interamericano de Desarrollo), y estamos en default en el pago de las deudas financieras. Se está saqueando el Arco Minero, en complicidad con el narcoterrorismo. El sistema de salud pública prácticamente ha colapsado, y servicios tan esenciales, como la electricidad y el abastecimiento de agua, han cotidianizado sus interrupciones. La corrupción (en el continente, según Transparencia Internacional, solo nos supera Haití) de los altos personeros de la dictadura ganaría cualquier competencia olímpica con la que ostentan los gobernantes de otros países. El representante para Venezuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Eduardo Stein, estima que si la diáspora, verdadero vaciamiento demográfico que se escapa a causa de la represión y en busca de mejores condiciones de vida, sigue como va, podría llegar a la cifra de 6,4 millones de personas a finales del año 2020, superando a Siria, país en guerra. Aquí cierro el palmarés de las hazañas de la dictadura que oprime a este “país sufriente”, para no alargar más este artículo.
Vuelvo al comienzo. Mi respuesta a la pregunta de la gente de por qué y contra todos los pronósticos, a pesar de la catástrofe de su gestión, siguen en Miraflores los que actualmente detentan el poder, mi respuesta, digo, es una sola: por el apoyo de la cúpula militar que, asistida por el G2 cubano, controla y bloquea cualquier disidencia interna en la FAN. Ese es su único sostén. A esto se refiere el general (r) Fernando Ochoa Antich, en reciente artículo de prensa, al confesar que “en algunas oportunidades pienso en la difícil situación moral que estoy seguro enfrentan muchos de mis compañeros de armas en actividad, consecuentes con nuestros valores militares, ante la permanente violación que, sin pudor, realizan Nicolás Maduro, el Ministro de la Defensa y los Altos Mandos Militares, del artículo 328 constitucional”, y añade que “la aplicación hecha en Venezuela de la ‘alianza cívico militar’ durante el chavismo-madurismo, lo que ha hecho es comprometer el buen nombre y el sentido institucional de la Fuerza Armada Nacional, ya que su estrecha vinculación con el actual régimen ha ocasionado que los venezolanos la perciban como corresponsable de los desafueros y fracasos del caótico gobierno madurista”.
En su momento, la historia, sobre este “tiempo del desprecio”, dirá su palabra.
Carlos Canache Mata
