Se ha comentado insistentemente que en Venezuela no habrá elecciones por un buen tiempo. Es decir, procesos en donde el oficialismo deba contarse ante su electorado en tanto la aceptación del la gestión de Nicolás Maduro a duras penas alcanza a 20%. Consultar al pueblo es hoy una acción conspirativa.
Inevitablemente a finales de octubre está pautada la recolección de 20% de las firmas para solicitar formalmente el revocatorio a Nicolás Maduro, proceso que de darse podría ser un medidor importante para revelar internacionalmente el precario apoyo popular de Maduro.
Es por eso que los oficialistas no dejan de trabajar para impedir o al menos reducir en lo posible esa verdad que conocen todos los venezolanos. De allí que para ese proceso habrá que descontar la participación de la mayoría de funcionarios públicos, quienes dada la experiencia del proceso anterior de solicitud del 1% en la que aquellos que firmaron fueron despedidos de sus trabajos, obviamente ello influirá de manera determinante en su participación voluntaria, y allí hablamos de unos tres millones de funcionarios. Lo mismo ocurrirá con el personal de la FANB que lo mínimo que les espera es la cárcel por “traición a la patria”.
A ello habría que agregarle la práctica ya común de “rebanar” los resultados como ocurrió en el anterior proceso en donde hasta figuras conocidas de la oposición les fueron invalidadas las firmas.
Sobre procesos como las elecciones de gobernadores y alcaldes que deberían realizarse en el mes de diciembre de acuerdo a la Constitución ya han declarado altos funcionarios que eso no ocurrirá debido a que no hay dinero para ello. La idea la refuerza el propio Nicolás Maduro quien expresa que “La prioridad no es hacer elecciones, la prioridad es Venezuela” y así establece su propia agenda electoral: «Aquí está clarito el cronograma electoral, 2018 elecciones. ¿O alguien tiene duda? ¿Cuál es la prioridad del país, cumplir los caprichos de una oligarquía o recuperar la economía?».
Así pues se salta el proceso revocatorio que el Gobierno ya ha dicho que será trasladado hasta 2017 y en consecuencia cuentan con que el electorado opositor se decepcione al hacer un gran esfuerzo por revocar a Maduro para que lo sustituya otro oficialista de la misma cúpula al no hacerse antes del 10 de enero de 2017.
Tal vez el gobierno madurista espera que los efectos de la política llevada adelante que consiste en ahogar financieramente a las alcaldías y gobernaciones opositoras de resultados y así esperar mejores condiciones para no perder todas las regiones.
Para ello van cientos a miles de millones de bolívares represados que no llegan a esas alcaldías y gobernaciones bloqueando proyectos para las comunidades y haciendo impagables los aumentos de sueldo que viene decretando el Gobierno.
Esta arremetida contra las alcaldías se han complementado induciendo protestas y tomas de sedes a los efectos de simular descontentos de las comunidades. Pero eso ha ido más allá. El PSUV está utilizando ese mecanismo para recuperar alcaldías perdidas en elecciones como lo ocurrido en Maturín en donde grupos oficialistas, respaldados por el Sebin y la Guardia Nacional tomaron la sede del municipio desde el pasado 29 de septiembre, mientras que la de Mario Briceño Iragorry fue atacada por grupos oficialistas que portaban gorras del 4F y chaquetas con brazaletes tricolor. En ese ataque hasta dos trabajadores del organismo fueron lanzados desde el segundo piso de la sede municipal, mientras la policía regional y la GNB, miraba con indiferencia el suceso.
Pero como no habrá milagro que le devuelva a Maduro el petróleo a 140 dólares por barril y las comunidades están concientes de que es el Gobierno el que niega los recursos, el Gobierno tarde o temprano tendrá que acceder a un cambio político o a medirse en un proceso electoral y eso inevitablemente ocurrirá antes de 2018, a pesar del dese presidencial.
Francisco Olivares
Twitter: @folivares10
