La pretendida destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República, así como la supuesta designación de Tarek William Saab para que le sustituya en el cargo, no ha sido realizada ni por el órgano constitucionalmente previsto para ello, ni de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución; pero, en cualquier dictadura que se precie de tal, esos son detalles menores, que no pueden interferir con el ejercicio arbitrario del poder. Tampoco es extraño que, mientras la policía persigue a quienes fueron designados por la Asamblea Nacional como magistrados del TSJ, Tarek William haya podido juramentarse y asumir su nuevo cargo, sin ningún cuestionamiento en torno a la legitimidad de su designación como tal, para una vacante que actualmente no existe. Nada de eso podía sorprender a los venezolanos.
A riesgo de pecar de ingenuo, es de celebrar que Tarek William haya jurado desempeñar sus pretendidas funciones como nuevo fiscal general “con dignidad y con decoro”, que es precisamente lo que se ha echado de menos en estos últimos 18 años; pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. A menos que la dignidad y el decoro tengan para Tarek William un significado distinto del que les atribuye la lengua castellana. A menos que, en el nuevo lenguaje inventado por el chavismo, esas expresiones signifiquen exactamente lo contrario del mensaje que antes transmitían a los ciudadanos.
No es mucho lo que se puede esperar de este régimen y de quienes han deshonrado el gentilicio venezolano, violando sistemáticamente la Constitución, garantizando la impunidad de quienes han saqueado las arcas fiscales, y haciendo uso arbitrario del poder para perseguir y castigar a quienes no comparten su proyecto político. Hubo múltiples oportunidades para que Tarek William hiciera oír su voz y marcara la diferencia. Como defensor del pueblo pudo haber denunciado graves violaciones de derechos humanos y, quizás, evitar que se cometieran muchas de las atrocidades que hoy asombran al mundo. Desde su cargo, Tarek William pudo denunciar el azote de la corrupción que consume los recursos indispensables para atender la seguridad, la educación y la salud de los ciudadanos; de haberlo hecho, tal vez, Venezuela no hubiera llegado a la situación miserable en que hoy se encuentra. Si, cuando pudo hacerlo, Tarek William no actuó como defensor de los derechos humanos de todos, ni defendió la vigencia de la Constitución y la ley, no hay ninguna razón para creer que ahora será diferente.
No podemos pretender que alguien que, desde el chavismo, tiene una idea del país que desea para sus hijos, deba pensar exactamente igual que quienes están en la acera de enfrente, con visiones muchas veces antagónicas. Pero sí tenemos derecho de esperar que, sin renunciar a su ideología, cualquier persona (y particularmente aquellos que decían estar comprometidos con la defensa de los derechos humanos) se comporte de acuerdo con los valores y principios de una sociedad democrática. La lucha por la justicia social ni es patrimonio del chavismo, ni es incompatible con la libertad, la decencia y el respeto a las reglas del juego democrático.
Este gobierno de facto ejerce el poder sin sujeción a ninguna regla, y con absoluto desprecio por los principios éticos más elementales. Desde hace casi dos décadas, con la complicidad de unos pocos y la indiferencia de muchos, el chavismo desterró la dignidad y el decoro que debía haber en la gestión pública; de manera que no es este el momento para que Tarek William, que durante mucho tiempo tuvo la posibilidad de actuar e influir para que las cosas tomaran un rumbo diferente, venga ahora a adoptar actitudes heroicas, prometiendo lo que, hasta ahora, no ha aportado en el ejercicio de sus funciones.
Héctor Faúndez
