Luego de una indagación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a Tareck el Aissami de participar en el tráfico internacional de drogas, supuestamente, facilitando cargamentos que salieron desde una base aérea y desde puertos venezolanos. Esta noticia carecería de mayor relevancia si no fuera porque el acusado es nada menos que el vicepresidente de Venezuela y porque el gobierno nacional ha salido rápidamente en su defensa, negando la acusación y descalificando al acusador.
No es primera vez que se señala a un destacado funcionario del régimen por sus nexos con el narcotráfico. Desde luego, no se puede descartar que esas acusaciones estén políticamente motivadas; pero ya hay demasiados elementos que indican que Venezuela se ha convertido en un narcoestado, desde el que han salido vuelos con maletas de cocaína hacia Francia, España y otras naciones. Los nexos con las FARC tampoco son un invento de la oligarquía. Además, Walid Makled, condenado en Venezuela por narcotráfico, ya había señalado a El Aissami como uno de sus colaboradores en el gobierno. Esa sola circunstancia hubiera obligado a realizar una investigación seria para establecer qué ocurrió; no obstante, tanto ayer como hoy, el gobierno ha preferido evitar que se conozca toda la verdad.
Pero, esta vez, había una razón adicional para que el gobierno de Venezuela ordenara una investigación. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos sostiene que El Aissami posee aeronaves, numerosas empresas y otros bienes en el imperio. Es posible que todo eso sea falso, y que la fortuna que se le atribuye sea el producto de sus ahorros como gobernador de Aragua o ahora como vicepresidente de la República. Sin embargo, por tratarse de un funcionario público, ¿no es algo que habría que investigar, ya sea para limpiar su nombre o para establecer las responsabilidades penales que corresponda?
Ningún gobierno tiene que asumir la defensa de quien es acusado de un delito. Por lo mismo, es por lo menos extraño que, desde el gobierno de los “hombres nuevos”, se asuma la defensa a ultranza de alguien señalado nada menos que de narcotraficante. Resulta imprudente que un gobierno que ha sido acusado de dirigir un narcoestado y que tiene una larga historia de hechos que lo identifican con el tráfico de drogas, ponga las manos al fuego por alguien supuestamente vinculado con el narcotráfico. Si El Aissami es inocente de lo que se le acusa, los hechos hablarán por sí solos y no será necesario que nadie tenga que hacer el ridículo hablando de lo que supuestamente no sabe, a menos que esté tan conectado con las actividades del acusado que también deba dar explicaciones. De no ser así, ¿cómo le consta a Maduro que El Aissami es inocente?
En lugar de ir al fondo de la acusación, este gobierno recurre, como una letanía, al mantra del imperio. No es creíble que tantos incidentes ligados con el narcotráfico, que involucran a oficiales de la FAN y funcionarios del gobierno, sean atribuibles a una potencia extranjera. Con tantos problemas que hay en el mundo, no es verosímil que los agentes de la CIA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estén tan pendientes de calumniar a El Aissami y a otros próceres del socialismo del siglo XXI. Pero, si ese fuera el caso, esa patraña se podría desmontar fácilmente ordenando una investigación independiente e imparcial, asumiendo que en este país todavía haya algún tribunal que pueda considerarse independiente e imparcial.
Al negar hechos atribuidos a uno de los suyos y que solo este podría conocer, el gobierno venezolano está incursionando en un terreno que no le corresponde, haciéndose cómplice de los hechos de que se acusa a El Aissami. ¡Algo huele mal, y no precisamente en Dinamarca!
Héctor Faúndez
