Al bloquear el referendo revocatorio presidencial, solución pacífica, democrática, constitucional y electoral de la severa crisis política venezolana, el grupo en el poder –atrincherado en sus propios intereses– lleva al país a una calle ciega. No resuelve los problemas económicos que ha causado ni deja que la ciudadanía resuelva en paz los problemas políticos.
A pesar de las maniobras dilatorias del Poder Electoral, como demorar la entrega de la planilla y la lenta verificación, por citar solo dos, las firmas aceptadas fueron más que suficientes. El tiempo empleado para contar las válidas contrasta con los minutos que le tomó dictaminar que los 10 millones de firmas contra el decreto de Obama eran perfectamente válidas. Y si es verdad que aquello era un acto de propaganda política, nunca debió prestarse la autoridad electoral para tal farsa que le restara credibilidad cuando la necesitara. Pero lo hizo, con escaso respeto por sí misma y por la ciudadanía.
Las decisiones judiciales anunciadas por algunos gobernadores con orquestación que los delata, como quien se ufana de una trampa, se refieren a las firmas que no fueron admitidas y, por lo tanto, tampoco contadas. Un tribunal penal no tiene competencia para suspender un acto electoral nacional y el CNE no podía aceptar su decisión, que ni siquiera es de fondo sino cautelar, mientras averigua si se ha cometido un delito. La responsabilidad penal es personal de quien habría presuntamente delinquido. Si fuera cierto que alguien firmó con cédula ajena, o por un muerto, o siendo menor de edad, sería suya la responsabilidad, de más nadie. Culpar a la directiva de la MUD es extravagante; suspender la recolección de firmas, bárbaro. Y ¿si alguien con interés en contaminar el proceso los envió?
Aunque las firmas alcanzaban de sobra, se impuso otro paso, la ratificación en unos días, en los sitios y con las máquinas dispuestas. Se hizo. Y a pesar de los recursos tecnológicos, revisarlas se tomó otro mes. Y tuvo que convocarse a la ciudadanía para el 20%. Se impusieron fecha y condiciones, incluso una inconstitucional e inventada de que la proporción debía ser por cada entidad federal. Cuando las encuestas anticipaban que el 20% nacional sería alcanzado con creces y que incluso el regional se les venía encima, se dejaron dominar por el miedo.
Así, un grupo de poderosos asustados metió al país en una calle ciega. ¿No es lógico que el pueblo reclame su derecho a decidir?
Ramón Guillermo Aveledo
