El miércoles 20 de marzo, la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet expuso un informe sobre la situación de Venezuela en el cual, entre otras cosas, dijo lo siguiente: “Estas son escenas deplorables. El Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”. “El uso de fuerzas paramilitares o parapoliciales tienen una larga y siniestra historia en la región, y es muy alarmante verlas operar de manera tan clara en Venezuela. El Gobierno puede y debe frenar que estos grupos sigan exacerbando una situación ya de por si altamente inflamable”. Este punto es fundamental para la Venezuela actual donde el mismísimo Maduro le ha dado carta blanca a los grupos paramilitares mal llamados colectivos para que actúen impunemente frente a la mirada pasiva y tal vez complaciente de los jefes de la FAN. Esto es extremadamente grave.
También dijo Bachelet sobre la actuación de ese cuerpo tenebroso, la Faes: “Los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la Faes, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan de que las víctimas estaban desarmadas”. En 2018 esas actuaciones cobraron la vida de 205 personas. En suma, en Venezuela hay una violación de los derechos humanos a lo cual se agrega la carencia de alimentos y medicinas a los sectores más vulnerables de la población que actualmente son la mayoría de los venezolanos.
No se había secado la tinta con la cual fue escrito el documento de la doctora Bachelet cuando el jueves 21 de marzo la policía política del régimen, el Sebín, realizó dos allanamientos en medio de la nocturnidad.
En el primer caso violaron la inmunidad parlamentaria del diputado Sergio Vergara y en el segundo destrozaron la vivienda de Roberto Marrero, secretario ejecutivo del Presidente Encargado Juan Guaidò. Advertido sobre ese allanamiento Marrero le comunicó a Vergara que le habían sembrado dos fusiles y una granada. Transcurrido ese día con el secuestro de Marrero, apareció el inefable Ministro de la policía Reverol con su ya desgastado argumento de que Marrero mantenía en su casa de habitación granadas, fusiles y otros instrumentos de guerra para provocar atentados.
Esas acusaciones se caen por su propio peso y las personas con sentido común saben que Reverol miente. Una persona púbica y que anda de la mano con Guaidó es imposible que tenga armamento no autorizado en su casa. Si hubiesen hilvanado otro argumento les iría mejor. En ello se parece al General Motta Domínguez con el cuento de los sabotajes eléctricos para tapar su incapacidad. Al no quedarle recursos políticos a Maduro solo le queda la represión.
José Guerra
