Esta semana tuve el gusto de compartir con Jaime Bayly en su programa de Mega TV, desde Miami. Fue muy amable y respetuoso de mi visión sobre el entorno del país, aunque mencionó al aire que no es necesariamente lo que quisiera oír sobre lo que ocurre en Venezuela. Y es que la situación actual es crítica en lo económico y político, pero lo más difícil de asimilar –por venezolanos y extranjeros– es cómo, con una importante mayoría que clama por cambios, sea tan cuesta arriba romper el status quo.
Quizás en un país con instituciones sólidas y poderes autónomos en breve se estaría haciendo valer la voluntad del pueblo, consultándose en la urnas electorales si se desea o no la continuidad del Presidente. Pero lo cierto es que al venezolano todo le cuesta más. Cualquier acción que intente la Asamblea Nacional opositora para provocar cambios constitucionales encontrará alcabalas y piedras en el camino, no sólo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, sino por el resto de poderes que se mantienen fieles al Ejecutivo, o como prefieren decir ellos mismos: a la revolución.
En el caso de la de renuncia del Presidente, es obvio que existe el derecho constitucional de solicitarla; el mismo que tiene el Presidente de mandar de paseo a quienes lo solicitan y ambas cosas ya pasaron. No comento aquí sobre la “renuncia no voluntaria” porque eso no es una renuncia. La vía de la enmienda constitucional, que buscaría reducir el período presidencial, encontrará el rechazo del TSJ, que sin duda la declararía como inconstitucional en menos de lo que canta un gallo. Los argumentos del Poder Judicial podrían estar dirigidos a que se trata de un cálculo político de la oposición para desplazar de la presidencia a un adversario electo legítima y constitucionalmente.
La opción que sería más difícil de desconocer por el gobierno es el Referéndum Revocatorio, por tratarse de un evento electoral consagrado en la Constitución; sin embargo, el CNE puede darle largas a la convocatoria y si se lleva a cabo la elección, el chavismo podría llamar a sus partidarios a abstenerse, con lo que el voto dejaría de ser secreto y amplificaría exponencialmente el poder de amenaza oficial.
Que el cambio no sea inmediato y tenga muchos obstáculos, no quiere decir que sea imposible, pues la política es impredecible. El amplio triunfo electoral de la oposición el pasado 6 de diciembre representa un primer paso fundamental para establecer un nuevo orden político en Venezuela. En aquella ocasión la MUD jugó bien sus cartas y pudo capitalizar, en votos, una mayoría con la que no contaba previamente. Ahora resulta muy difícil que el chavismo pueda ganar elecciones y es muy complicado que el gobierno recupere la economía del país, cuyo estado crítico le ha restado cuotas relevantes de popularidad y confianza.
Si el objetivo de la oposición –una vez ganado el Parlamento– es darle un rostro nuevo a la Presidencia de la República, debe entender que no es un proceso inmediato y que necesita cumplir muchos pasos políticos previos para lograr la articulación nacional que se requiere para hacerlo y que sea estable. La única manera que sea así es que se haga apegado a la Constitución y por medio de acuerdos que diriman disensos.
Cualquier salida no constitucional representa un riesgo y la rechazo. Si hay una explosión social ¿quién la capitaliza? Definitivamente no la oposición y muy probablemente sí el sector militar, con quien la oposición no tiene vínculos ni representa un cambio seguro para ellos. Entiendo la angustia y el desespero de algunos en el medio de un país que se hace trizas. Pero la solución tendrá que ser pacífica y negociada, aunque para llegar a ella haya que pasar mucha roncha y generar mucha presión previa.
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