En una carta presentada ante la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el arzobispo Bernardito Auza, Nuncio Apostólico y observador permanente de la Santa Sede ante la Organización; hizo constar que a juicio del Vaticano, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, “en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático del país.”
Con lo anterior, el Estado de la Ciudad del Vaticano se sumó a la mayoría de los Gobiernos del continente americano, que solicitaron a Nicolás Maduro, abandonar la convocatoria a la referida Asamblea Nacional Constituyente. Entre quienes suscribieron tal petición se encuentran Chile, Colombia, Panamá, Argentina, Brasil, Estados Unidos de América y Canadá, además de otros 13 vecinos de América Latina y el Caribe.
Por otra parte, la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, difundió un comunicado en el que manifiesta su esperanza de “que todas las partes pongan fin de manera urgente a la violencia y eviten el uso de la fuerza” así como “que las autoridades y los actores políticos se abstengan de iniciativas que polaricen aún más al país y aumenten la confrontación, respeten la Constitución y sus principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Ya anteriormente, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani señaló la posibilidad de sanciones a Venezuela por parte de la Unión Europea, como consecuencia, de la escalada de violencia, violación de derechos humanos y conculcación de los poderes de la Asamblea Nacional.
En este orden de ideas, resulta interesante recordar también el llamado que hizo el mandatario ruso Vladimir Putin a su homólogo venezolano, para que resuelva los problemas del país “dentro de la legalidad, de acuerdo a las leyes nacionales”.
Si a todo lo ya mencionado, agregamos que en Venezuela, alrededor de 80% de la población ha manifestado su desaprobación a la convocatoria en cuestión; es perfectamente válido aseverar que la misma cuenta con un rechazo categórico tanto a nivel nacional como internacional, por cuanto se le considera una de las causas fundamentales de la agudización del conflicto en nuestro país, en la medida en que se ha implementado violando los lineamientos constitucionales para tales propósitos, y además no ofrece las soluciones esperadas a los graves problemas que afronta la ciudadanía, en su cotidianidad.
Giovanna De Michele I.
@Giovdemichele
