¿Apagar la luz?
febrero 19, 2016 12:00 pm

Ya hemos visto sin sorpresa, tristemente, que la solución oficial al problema eléctrico es apagar la luz. Y que para las dificultades en el suministro de agua o la escasez de pasta dental es lavarse menos los dientes. Es lo que han dicho los ministros del ramo respectivo. La “guerra económica” tiene correlato en El Niño que, no nos extrañe, pronto puede ser declarado “guerra meteorológica”.

 

 

Eso no me alegra ni me tranquiliza, me preocupa. Empieza a ser patético el empeño gubernamental de no asumir responsabilidad por sus obras u omisiones ni por las consecuencias que ellas tengan. Pero como venezolanos nos concierne que sin entender el fracaso de haber elevado la excusa al rango de política pública, se pretenda ahora que apagar la luz sea la única política del Estado. Tan grave conclusión se desprende de la sentencia de la Sala Constitucional del jueves de la semana pasada, anunciada por el Presidente de la República en persona en medio del aplauso escasamente convencido de una audiencia de funcionarios debidamente uniformados de rojo.

 

 

La decisión del TSJ ignora la letra constitucional y prescinde de la explicaciónclarísima del constituyente en la Exposición de Motivos. Directamente ordena desacatar la Constitución mediante truco de casino. Hasta ese instante, la estrategia del gobierno parecía cómoda en la irresponsabilidad de echar la culpa a la Asamblea al negar la aprobación al decreto, para ahora saltar a otro canal y comerse la flecha constitucional, desobedeciéndola sin disimulo, pues lo que han inventado esos magistrados llevados por el partidismo, es que la aprobación parlamentaria que la Carta Fundamental exige como indispensable tenía lapso de caducidad, y que el Ejecutivo puede seguir adelante aun con luz roja.

 

 

¿Se darán cuenta en el Tribunal de lo que esto implica? Y en el gobierno ¿Habrán medido las consecuencias de esta maniobra temeraria?

 

 

A un gobierno crecientemente impopular de un país sumido en una crisis económica que empeora, cuyas consecuencias sociales empiezan a evidenciarse en condiciones de vida que se deterioran más y más, necesitado de altura política para manejar un cuadro tan comprometido, se le empuja a la arbitrariedad, se le invita a violar a burlara la Asamblea Nacional, cuando ésta sus competencias constitucionales las ejerce como debe. La prudencia, pedir al Ejecutivo informe y se explique y esperarlo es mérito, no falta. Apagar la luz a la Constitución ¿No es pasar la raya?

 

Ramón Guillermo Aveledo