Empecemos por recordar que sacar de las cárceles a los presos políticos y regresar al país a los exiliados es un compromiso que asumió la oposición públicamente y que se hizo bandera destacada y primigenia unánime de los dirigentes opositores, en todos los niveles de uno a otro extremo del país, y que, por si fuera poco, alcanzó al mundo transformándose en el principal reclamo y la mayor exigencia de organismos internacionales, líderes y partidos de los cinco continentes y gobiernos democráticos de los cuatro puntos cardinales.
De manera que cualquier rumor o chisme –de los cuales no nos haremos eco- que ande por ahí, en cuanto a que el Gobierno de Maduro no aceptará ningún recurso de amnistía, o que se anda cocinando un acuerdo que permita la liberación de casi todos los presos políticos excepto unos pocos que “fueron sentenciados” o que tienen otros inconvenientes; dicho en otras palabras, aquellos presos políticos que pueden causarle dificultades a dirigentes de partidos que están o podrían estar en capacidad de disputar por una eventual candidatura presidencial; y de esos, sin duda quien tiene serias, mejores y mayores posibilidades es Leopoldo López. Lo cual nos lleva a preguntarnos quién podría sentirse perjudicado por un López libre en la calle.
La presentación, discusión y aprobación por el Poder Legislativo –el nuevo, el que nació cargado de expectativas y esperanzas este 6 de diciembre, el que comienza sus labores oficiales el 5 de enero de 2016, el de Julio Borges, Henry Ramos Allup, Enrique Márquez, Luis Emilio Rondón, Julio Cesar Reyes, Carlos Berrizbeitia, Freddy Guevara, Rafael Guzmán, Adriana D´Elias, Roberto Marrero, Jony Rahal, Carlos Lozano y tantos otros dirigentes de primera línea y también de lo que quedó del chavismo- de una ley u otro instrumento de liberación de los presos políticos, no es sólo una cuestión más. Es el tema de apertura de renovación del país, es el compromiso más profundo de los diputados opositores electos, y en eso no hay discusión ni dudas posibles. El primer pensamiento es una Ley de Amnistía General; o con la solución reciente de juristas muy destacados que proponen un Decreto Legislativo de Amnistía que no requiere promulgación del Presidente de la Republica, para la liberación inmediata de todos los presos políticos empezando por Leopoldo López, la mayoría opositora podrá demostrar que de verdad se dispone a cambiar este país rescatándolo del hediondo pantano de estulticia, corrupción, desorden y derroche en el cual nos sumergieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, algunos militares y civiles chavistas y los cómplices en el constante asalto a los dineros públicos.
Si todos los diputados opositores recién electos o reelectos resquebrajan su unidad y no inauguran unánimemente su actuación con el instrumento legislativo de Amnistía General, los electores tienen derecho a una protesta y un reclamo nacional.
Cosa distinta es la discusión sobre si el Presidente Nicolás Maduro tiene poder de veto sobre ésta y otras leyes que no le satisfagan. Para decirlo en términos sencillos y directos, no lo tiene. El Presidente posee, eso sí, el derecho a devolver el texto legal a la Asamblea Nacional con observaciones, críticas y sugerencias que considere necesarias, y la Asamblea, a su vez, tiene el derecho constitucional a revisar el texto, y corregirlo o no según su criterio mayoritario, y devolverla al despacho presidencial. Si aún así el Presidente no la firma, la Asamblea Nacional tiene la atribución constitucional de promulgarla y ponerla en vigencia por su cuenta, aunque salga sin la firma presidencial: entra en vigencia con la firma del presidente y el vicepresidente del Poder Legislativo.
El Presidente de la República aun tiene un recurso, que es enviarla a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia alegando que contiene elementos inconstitucionales, y demandar cambios o una declaración de nulidad por esa presunta causa de violación a la Constitución.
En tal caso, la decisión final ya no será de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino del máximo tribunal, sus circunstancias y conciencias. Podría desatarse una batalla legal respecto al texto y objetivos de la ley, eso está por verse. Pero es de recordar, al mismo tiempo, que los magistrados pro chavistas que él hasta enero presidente de la Asamblea ha amenazado con nombrar para ocupar vacantes en el TSJ, igualmente pueden ser constitucionalmente destituidos por la nueva mayoría calificada en el parlamento, que es el organismo que analiza, selecciona y nombra a los magistrados del tribunal más importante de la república.
La campaña electoral de la unidad se sostuvo básicamente en la libertad de los presos y exiliados políticos. Por supuesto los gravísimos y cada día peores temas económicos, el hartazgo generalizado de los ciudadanos por las torpezas, errores, corrupción chavistas, la sangrienta y hasta ahora incontrolable inseguridad y el alarmante deterioro de la calidad de vida también hicieron lo suyo; esa temática que llevó a la indignación nacional dio la mayoría aplastante a la oposición, pero el primer tema fue siempre el rechazo a las injustas e incluso ilegales prisiones y juicios políticos, y su respuesta el compromiso de la dirigencia opositora, sin excepciones, de la Amnistía General como ley o decreto de la República.
Es de tal magnitud el compromiso que aunque existan factores de poder dentro de la Unidad que puedan sentirse en riesgo político, el brillo de la Amnistía General, liberación y rehabilitación de todos los presos y exiliados políticos sigue siendo la primera luz del rescate de la democracia, la libertad y la coherencia venezolanas, y quien intente entorpecer esa luminosidad, podría ser considerado un traidor a esa Unidad por la cual votó la inmensa mayoría nacional. Esos factores políticos que puedan estar dispuestos a aceptar –e incluso proponer- una Amnistía a medias, no por ello fortalecerán sus propios intereses y candidaturas, al contrario. Lo que sí podrían conseguir, y sería una gravísima tragedia, es erosionar la fe, la confianza y la esperanza de los venezolanos justo cuando más la necesitan.
Por todo eso, la primera acción parlamentaria el 5 de enero, cumplidos los actos protocolares de rigor, debe ser constituirse en sesión permanente y luego declarar la emergencia legislativa para de inmediato discutir y aprobar la Ley de Amnistía General, para seguidamente enviarla al Presidente de la República y esperar que se cumplan los lapsos y trabas, zancadillas, celadas y quien sabe cuántos otros obstáculos para promulgarla con la inmediatez que amerita el caso. Si se decidiera que lo más conveniente es el Decreto de Amnistía entonces aprobarlo y promulgarlo de inmediato.
Señoras diputadas y señores diputados, recuerden que el único partido que logró una masa importante de votos fue el PSUV, la avalancha opositora no fue para ninguno de los partidos de la oposición, sino para la Unidad, eso debería indicarles algo e iluminarlos para que no se equivoquen gravemente.
Amnistía general reclaman los venezolanos. ¡A cumplir pues!
Armando Martini Pietri
@ArmandoMartini
