El Gobierno no lo tiene todo de su parte. Aunque la estrategia electoral, en la que generó desconfianza en el sistema y provocó una importante abstención en el elector opositor, más la división del sector democrático, sigue acorralado por los problemas económicos y legales que han generado sus actuaciones fuera de la Ley.
Las nuevas sanciones aplicadas por el Departamento de Estado a otros 10 altos funcionarios del Gobierno incluyen a operadores del Consejo Nacional Electoral. Allí por ejemplo se encuentran Socorro Hernández y Sandra Oblitas, rectoras del CNE. Acompañan la lista, Carlos Quintero, quien es el director de tecnología de la Información del CNE, hombre clave en el sistema de votación. Se agrega también el ex presidente de Cantv, Manuel Fernández.
Ahora estos rectores y técnicos del CNE forman parte de la lista de vetados en el mundo democrático. A la rectora Lucena le negaron la visa de EEUU y le cierran la puerta en la cara en eventos internacionales vinculados al vencido cargo que ostenta en el ente electoral. En el proceso electoral de Perú su presencia fue rechazada por manifestantes venezolanos que han tenido que ir al destierro por la precaria situación a la que el chavismo ha llevado al país.
Con los dos últimos procesos electorales el CNE ha emitido su propia sentencia de organismo no confiable cuando hasta la empresa que montó todo el sistema tecnológico, Smartmatic, tuvo que salir públicamente para denunciar el fraude en la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente cuando sumaron al menos un millón de votos a la precaria asistencia de votantes en esa jornada.
Para las regionales se vieron obligados a eliminar a su antigua aliada que prefirió salvar su prestigio internacional por los contratos que tiene en otros países, que avalar una manipulación de resultados que resultaba nada creíble.
Por ello el Gobierno tuvo que acudir a otra empresa para montar las regionales. La escogida para esa tarea fue la firma argentina, Exclé, recomendada por Jorge Rodríguez que tiene contrato 2004 con la Alcaldía Libertador y quien había prestado servicios informáticos al CNE.
En varios estados, en especial Bolívar y Miranda, se detectó la evidente incompatibilidad de lo que decían las actas firmadas por los testigos de mesa y lo que posteriormente fue anunciado por el CNE.
Estas acciones de abierta violación al principio de transparencia y equilibrio, que se agregó al ventajismo previo y traslado de centros electorales, seguramente motivaron la inclusión de estos funcionarios en las medidas del Departamento del Tesoro. Ahora sus operadores comienzan a padecer las medidas de carácter individual que les aplica el mundo libre. No se trata de una agresión contra Venezuela, como suelen decir, sino un acto defensivo contra personas que han trasgredido los principios de la democracia pero que al mismo tiempo utilizan las ventajas que le da el mundo libre para desplazarse y mover sus fortunas. Los altos funcionarios que luego desaparecen de la vida pública, luego de sus fechorías, suelen esconderse en paraísos capitalistas amparados en principios democráticos para disfrutar del retiro. Nunca los veremos en Irán, en Corea del Norte o Cuba.
Por eso en la nueva lista no están sólo los funcionarios que han hecho negocios con el hambre del venezolano, violado los derechos humanos o han sido operadores de las campañas de propaganda difundiendo informaciones falsas y manipulando a la opinión pública, sino que se agregan además a quienes han obstruido uno de los más importantes principios y derechos de las democracias que son las elecciones libres y equilibradas con un ente electoral imparcial y representativo de toda la sociedad.
Francisco Olivares
Twitter: @folivares10
