La vida suele colocar a los seres humanos ante situaciones dilemáticas de muy difícil resolución. Si esto es así para cualquier persona, tanto más para los conductores de colectividades humanas de distinta naturaleza y dimensión, quienes se ven forzados a tomar decisiones que no solo les afectan a título individual, sino que comprometen el destino de muchas personas.
Este es el caso de los líderes políticos, frecuentemente colocados ante encrucijadas que les exigen descifrar enredos para escoger el camino correcto entre varias rutas escabrosas, algunas de ellas disfrazadas con tentadora o menos riesgosa apariencia. Muchas veces les toca escoger entre dos males el mal menor. Si son dilemas difíciles en democracia, lo son más complicados aún en épocas de dictaduras o neodictaduras.
Tremenda y complicada disyuntiva era la que, una vez electos, obligaba a los cinco gobernadores de oposición a decidir si juramentarse o no ante la ilegítima constituyente. Cuatro de ellos decidieron hacerlo y uno no. A mi juicio, sobran razones para fundamentar una y otra posición.
Me viene al recuerdo un episodio ocurrido en tiempos de la dictadura militar perezjimenista, cuyas cárceles se encontraban repletas de presos políticos. En una oportunidad, el régimen les puso como condición para darles libertad la firma de una caución en la que cada uno se comprometía a no participar más en actividades políticas contrarias a la dictadura. El tema desató un debate en el ámbito político, dentro y fuera de las prisiones. Mi padre, militante del entonces ilegalizado Partido Comunista, estaba recluido en uno de esos penales y era firme partidario de suscribir la caución para, una vez en la calle, incumplirla y reincorporarse en la clandestinidad a las luchas antidictatoriales. No obstante, el PCV decidió lo contrario y mi padre, por disciplina partidista, se inhibió de firmar el documento y se caló varios años más tras las rejas y un confinamiento forzoso a las selvas del Amazonas. Varios presos que militaban en otros partidos decidieron firmar la caución y pudieron reintegrarse a la pelea contra el régimen. Había suficientes razones políticas y éticas para firmar aquel falso compromiso y también suficientes razones políticas y éticas para no hacerlo. Ninguna de esas posiciones podía considerarse una traición. Todos esos luchadores eran necesarios para el combate contra la tiranía.
Cuando uno analiza las razones del gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, para no prestar juramento ante la ANC, tiene que concluir que sus argumentos son perfectamente válidos. Pero cuando escucha a los gobernadores de Táchira, Leidy Gómez, de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, de Mérida, Ramón Guevara, y de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, llega a la conclusión de que también son poderosas las razones que esgrimen para haber soportado la humillación de apersonarse ante la ilegítima ANC para no sacrificar al soberano que los eligió y poder asumir, en medio de viejos y sobrevenidos obstáculos, la conducción de esas gobernaciones, rescatarlas del autoritarismo y la corrupción, y desplegar políticas y programas que beneficien de verdad al pueblo y al desarrollo de sus estados.
Ambas son posiciones políticas comprensibles. Por eso me resisto a considerar héroe o traidor a ninguno de los cinco gobernadores.
Los que fueron a la Casa Amarilla lo hicieron en la práctica ante un acto de fuerza, un abuso de poder, que de ninguna manera otorga legitimidad a la ANC por ser írrito legalmente e inválido moralmente, aunque sea útil a la propaganda chavista y le dé alimento al canibalismo de las redes sociales.
Me pregunto si quienes despellejan a esos gobernadores no legitiman a la neodictadura cada vez que, por ejemplo, pagan el IVA, o algún servicio público, o realizan algún trámite ante un despacho gubernamental después de haberse declarado en desobediencia. O, peor aún, cuando alguno que otro desobediente comecandela se postuló como candidato a gobernador en las primarias de la oposición.
Si la lógica que algunos factores políticos emplean para acusar a los cuatro gobernadores la aplicaran a sus propias actuaciones, tendrían entonces que convenir que sus parlamentarios y toda la Asamblea Nacional incurrieron en similar debilidad al dejarse arrebatar su emblemático Palacio Federal Legislativo por la tal constituyente y pasar a convivir con ella en condición de arrimados.
El origen de la crisis por la que atraviesa la oposición está en no haber sabido administrar y en dilapidar la abrumadora victoria y el enorme capital político que alcanzó en las elecciones parlamentarias de 2015, tras las cuales se atoró en afanes inmediatistas para defenestrar a Nicolás Maduro antes de 2018 al costo que fuera.
Mario Villegas
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