En una democracia, el Poder Judicial juega un rol fundamental para lograr el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, representando éste la soberanía popular. Así, cualquier conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo resuelve el Judicial, mediante una interpretación estricta de la ley. En Venezuela, el Poder Judicial funciona de forma diferente al convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo. Lo más grotesco es que la cabeza del Gobierno gira instrucciones a los integrantes del Poder Judicial para que condenen e inclusive arresten a personas, sin cumplir el debido proceso. Así funciona una dictadura, nunca una democracia. El caso más notable tiene que ver con las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ha erigido como el verdadero poder en Venezuela. Por definición constitucional, los magistrado del TSJ son electos por la Asamblea Nacional, sin embargo, ese poder derivado del parlamento, que es donde reside la soberanía del pueblo, se ha encargado de desconocer la voluntad popular mediante sentencias rápidas, violando la misma Constitución. Buena parte de los hoy integrantes del TSJ, en particular de su Sala Constitucional, carecen de los requisitos mínimos para detentar el título de magistrado.
Cada vez que el PSUV sale derrotado de un debate parlamentario, sale corriendo a refugiarse en la Sala Constitucional del TSJ para que anule la decisión de la Asamblea Nacional y ésta lo hace dictando sentencia de un día para otro. Sin embargo, en el caso de los diputados del estado Amazonas, de forma violenta el TSJ, a solicitud del PSUV, dictó una medida cautelar que literalmente anuló la elección popular del 6 de diciembre de 2015, que hizo que el CNE proclamara a los ganadores de los comicios, como diputados. Ha transcurrido más de un año y ese mismo TSJ que sentencia en un día, no ha dicho absolutamente nada sobre ese caso y actualmente el estado Amazonas no tiene representación en la Asamblea Nacional. Todas las sentencias del TSJ son a favor del Gobierno. Ello sucede solamente en un país donde no hay democracia.
Parte del trabajo de reconstrucción del país tiene que consistir en rehacer al Poder Judicial, para que éste jamás vuelva ser la oficina de asuntos jurídicos de un partido político o de un Gobierno. Que los jueces y magistrados sean personas probas, con formación jurídica del más alto nivel para que sus sentencias y decisiones estén apegadas a la ley. Para que nunca más un presidente y un partido político vuelvan a tener su TSJ. Edificar las bases de un Poder Judicial independiente y honesto será uno de los pilares de donde se establecerá la Venezuela que está por nacer desde los escombros del país actual.
José Guerra
