Luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la extensión del cierre de frontera -que incluye ahora a 10 municipios tachirenses: Lobatera, Ayacucho, García de Hevia, Panamericano, Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y José Rafael Urdaneta- la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI). Esto a fin de denunciar la violación de los derechos humanos de decenas de ciudadanos colombianos que fueron deportados en los últimos días.
El secretario de la coalición de partidos antichavistas, Jesús “Chúo” Torrealba, afirmó que el Gobierno ha hecho “mucho daño” con sus acciones y manifestó su solidaridad con los neogranadinos repatriados.
Detalló que un conjunto de diputados y dirigentes opositores en la frontera se encuentran recabando los testimonios y pruebas de los inmigrantes que fueron atropellados, tras la activación del Estado de Excepción.
Torrealba informó que será el legislador Walter Márquez quien estará a cargo de la investigación que será presentada ante el organismo internacional. “Walter es un legendario defensor de los derechos humanos y en este momento está sustanciando caso por caso para presentar las pruebas”, acotó.
El representante de la tolda opositora aseguró que la MUD se encargará de “reivindicar el gentilicio venezolano” y aseguró que durante años la política nacional se ha caracterizado por promover las garantías democráticas y apoyar las luchas por la libertad en otros países de la región latinoamericana y Europa.
“En 200 años esto nunca había sucedido (…) No podemos permitir que el nombre de Venezuela esté asociado a la violación masiva de derechos. No es nuestra gente la que está cometiendo estas barbaridades, es Maduro. No vamos a permitir esto y manifestamos nuestra solidaridad con el hermano país”, dijo.
Desde el pasado viernes 21 de agosto -cuando fue decretado el Estado de Excepción, luego de que tres oficiales venezolanos sufrieran un presunto ataque paramilitar en la zona fronteriza- la cifra de personas deportadas asciende a 8 mil 250, entre los que han sido repatriados y los que decidieron marcharse voluntariamente.
Esta información fue dada a conocer por autoridades colombianas, quienes indicaron que existen cerca de 2 mil 333 neogranadinos que permanecen en albergues dispuestos para su recepción.
Inspección
Este sábado el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, acudió al sector La Invasión, en Táchira, para verificar la actuación del Estado en materia de derechos humanos. Fue en compañía de la representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mónica Sandri.
A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en Twitter, el Defensor resaltó la aparición de unos “calabozos clandestinos utilizados para el secuestro y la extorsión” en el área que fue allanada por el Gobierno con el supuesto objetivo de acabar con las “células del paramilitarismo”.
Saab aseveró que Venezuela es un “país garante de los Derechos Humanos y de sus compromisos internacionales”.
Diplomacia
El secretario de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, condenó el envío de tres mil efectivos militares a la zona fronteriza en Táchira anunciado por Maduro este viernes. Torrealba instó al Gobierno a buscar soluciones diplomáticas al conflicto en Táchira y a evitar las medidas relacionadas con la violencia y la guerra. “Esto tiene que tener respuestas y esas van a surgir no del ámbito de la guerra, no del ámbito de la violencia”, acotó.
Exhorto
El vocero de la MUD, Jesús Torrealba, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que interceda en favor de los deportados en Táchira. Afirmó que el 31 de agosto se hará una sesión del Consejo Permanente de este organismo, donde se discutirá el conflicto entre Venezuela y Colombia.
Fuente: El Tiempo
