Luis Izquiel y Fermín Mármol García, del libro Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, afirmaron que en el país las organizaciones delictivas se han fortalecido desde que el chavismo llegó al poder, especialmente por el nacimiento de las llamadas zonas de paz

Las bandas criminales se han adaptado a la crisis en medio de las restricciones aplicadas por el covid-19 y la crisis económica en Venezuela: varios son los casos de extorsiones y secuestros que se han denunciado en los últimos meses en las redes sociales ante el miedo a la impunidad y las dudas en torno a la actuación de los organismos de seguridad.

“La delincuencia modificó sus modus operandi y los delitos que cometían. La extorsión seguro es el que más ha aumentado en Venezuela en la época del coronavirus. Las bandas y megabandas se adaptan a la realidad social y económica del país. Por eso fortalecieron la extorsión, con víctimas y comerciantes previamente ubicados”, declaró a El Nacional el criminólogo Luis Izquiel.

Delincuentes difundieron el fin de semana pasado un video en el que, portando armas largas, amenazaron a Alexis Quiroz, dueño de la academia de béisbol AQ Agency del estado Aragua, para obligarlo a pagar una vacuna. Los sujetos amenazaron con atentar en contra de sus familiares, los scouts, los peloteros y los trabajadores.

“La víctima está precisada, sea por un trabajo de inteligencia de la banda o por información que se filtró, que se coló, del entorno de la propia víctima. La tesis de investigación de ese video tiene que ir hacia la fuga interna. Es una de las principales teorías porque los individuos tienen datos muy precisos, de contratos, de firmas. Pareciera que tienen conocimiento de la administración interna de la escuela o de las operaciones que se concretan; y pareciera que viene de adentro, de alguien que haya aprovechado la conexión con alguna banda criminal para realizar las extorsiones y ganar dinero con eso”, observó.

Izquiel señaló que los estados más álgidos son Lara, Zulia, Trujillo y Aragua. En estas entidades se han registrado casos de bandas que presionan y amenazan para el pago de vacunas. Incluso disparan o lanzan granadas o explosivos contra las fachadas de las casas o de los locales comerciales propiedades de los extorsionados.

“Las extorsiones grandes son con víctimas precisadas y estudiadas, que las bandas saben que manejan importantes cantidades de dinero, sobre todo de divisas. Porque hay otra que es más al azar, en la que la víctima no está identificada, sino que se trata de masificar la acción para ver cuántas de esas personas caen seleccionadas aleatoriamente”, explicó.

Agregó que la circulación del dólar como moneda de transacción ha reforzado el actuar delictivo. En este contexto de confinamiento, el hecho de que muchas personas están resguardadas también habría aumentado el ingreso de delincuentes a las viviendas. Buscan despojar a las personas de las divisas que pudieran tener guardadas.

“La extorsión evidentemente va en apogeo, no se ha detenido, telefónica y por redes sociales. Las bandas criminales se han fortalecido, tienen control territorial y es otro tipo de delito que su modo de comisión no se dificulta por el confinamiento, al contrario. También sabemos que el tema de homicidios, sobre todo en los estados fronterizos, y así lo denuncian algunas ONG, ha estado en aumento”, agregó a El Nacional el abogado criminalista Fermín Mármol García.

Ganan terreno

Por presuntas órdenes superiores, los organismos de seguridad del Estado que se enfrentaron el martes contra la banda del Coqui, en la Cota 905 de Caracas, se retiraron del lugar. Esto ya había ocurrido antes, pero también es una muestra reciente de cómo los grupos criminales ganan terreno e imponen su ley en las zonas que tienen tomadas.

Izquiel, autor junto con el abogado Fermín Mármol García del libro Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela, dijo a esta redacción que los grupos criminales han creado microestados que suplantaron la autoridad formal del Estado.

Los abogados plantean en el texto la existencia de ocho bloques de delincuencia organizada que, en su mayoría, controlan territorios en el país. No solo se tratan de megabandas de delincuentes comunes, sino que además operan agrupaciones irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y sindicatos que controlan espacios en zonas mineras.

También señalan a las autóctonas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, que opera principalmente en Apure, Barinas y Táchira; además de los colectivos afectos al chavismo y los pranes que lideran y ordenan actos delictivos desde las cárceles.

Izquiel expresó que en muchas organizaciones que se dedican a la extorsión, al secuestro y a otros delitos, están involucrados funcionarios policiales: aunque no en la mayoría de los casos, sí hay una presencia importante de oficiales que quedan en evidencia cuando las autoridades logran desmantelar alguna banda.

Diego y Germán

El próximo 30 de agosto se cumplirán dos meses de la desaparición de Diego Gil y Germán González, que se presume ocurrió en parroquia Curiepe del estado Miranda. Habían viajado para atender asuntos laborales relacionados con la producción de cacao. Después, tenían previsto viajar hacia la población de El Clavo.

“Con ellos la familia tuvo contacto en la mañana, pero a partir del mediodía no sabemos donde se encontraban. Entonces el sitio exacto en donde pudieran estar no lo tenemos. Se perdió el rastro en algún momento”, manifestó Jesús González, hermano de Germán, en una conversación con El Nacional.

La camioneta Toyota 4Runner en la que se trasladaban fue localizada cerca de la ciudad de Caucagua, pero sin ellos. “No hay mayores evidencias en el caso. Ese tema lo maneja la fiscalía y los cuerpos de investigación. Creemos que los secuestraron en esa zona, que se caracteriza por la producción de cacao, pero también por la presencia de bandas organizadas”, agregó.

González, sin embargo, negó que las víctimas en algún momento sido víctimas de amenazas o sufrido extorsión. “Han pasado ocho semanas en las que los organismos de seguridad del Estado han estado trabajando en la investigación arduamente, además en las condiciones propias de la situación nacional”, aseguró.

Desde la reacción de El Nacional se intentó hacer un contacto con Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero no fue posible en lo inmediato.

El régimen, ¿con beneficios?

El criminalista Luis Izquiel indicó que el régimen de Nicolás Maduro podría tener muchos beneficios de la proliferación y del dominio de las bandas criminales en Venezuela.

En primer lugar, mencionó que al régimen podría interesarle el control de las poblaciones en donde las organizaciones criminales están radicadas porque así evitan las protestas de ciudadanos en rechazo a los graves problemas que afectan al país.

Luego, indicó que durante aproximadamente 15 años se registró la primera emigración de venezolanos, de clase media que podrían ser votantes de oposición, motivados por los altos índices de inseguridad. Y, finalmente, expuso que la delincuencia mantiene también a la sociedad encerrada en su hogar.

“Estas son suposiciones, pero habría que ver cuáles son los servicios que podrían prestar estas bandas al régimen de Maduro. Habría que precisar, cosa que es difícil hacerlo hoy en día, si algunos miembros de estas bandas forman parte de colectivos. Si salen a golpear a la disidencia o a reprimir, disolver protestas”, manifestó.

Mármol García dijo asimismo que las bandas criminales son una de las estructuras delincuenciales que se vieron fortalecidas por el nacimiento de las zonas de paz como una política pública que provino del plan de pacificación. Además de que ha habido políticas públicas fallidas y equívocas.

“Lo que aconteció en la Cota 905 o que continúa aconteciendo en ese territorio es la imposibilidad que tienen las instituciones del Estado de hacer labores preventivas, pero a su vez labores de inteligencia y de investigación criminal. La lucha contra el crimen y la violencia presupone pagar un costo político. En Venezuela, luchar contra las megabandas criminales, contra el pranato carcelario, contra los colectivos armados violentos, contra los boliches del occidente, tiene un costo político”, expresó.

“Paseamos por un lado lo equívoco, por otro lado la inacción y en algunos segmentos de la revolución sí se ha amparado a paramilitares urbanos. Son los colectivos armados y violentos, a los boliches en Apure y Barinas o lo que está pasando en el Arco Minero. Es difícil precisar una sola razón por la cual el crimen organizado violento goza de buena salud y tiene fortaleza. Resulta complejo, pero la realidad es fáctica. Esas estructuras tienen control territorial y tienen sometida a una población. Han hecho nacer una economía criminal”, añadió.

Antes del chavismo: ¿nada?

Izquiel explicó que en Revolución de la muerte: 20 años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela se explica la evolución de los homicidios en el país. En el año 1998, antes de que el chavismo llegara al poder, se cometieron 4.550 asesinatos. Eso significa una tasa de 19 crímenes por cada 100.000 habitantes.

Durante el primer año del gobierno de Hugo Chávez el número de homicidios superó los 6.000. En el segundo año se ubicaron en alrededor de 8.000. En 2018, último año que se tomó en cuenta para el libro por el proceso de edición, la cifra alcanzó los 23.000 asesinatos.

“Entonces no es que no haya habido homicidios antes, sino que el tema es la intensidad de esa actividad delictiva. Se multiplicó en el chavismo por cinco o seis“, dijo.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, aseguró a mediados de julio de este año que se logró disminuir 46,21% la incidencia delictiva y más de 40% la tasa de homicidios. Así, el régimen socialista ha graduado a cientos de funcionarios de seguridad.

Izquiel, sobre este punto, enfatizó que en Venezuela las autoridades en los últimos años optaron por la cantidad antes que la calidad. Afirmó que no se verifican quiénes son las personas que están ingresando a los cuerpos de seguridad.

“Entonces tenemos muchos funcionarios que están involucrados en hechos delictivos, que tienen antecedentes penales, registros policiales y antecedentes de conducta desviada. Ahí tenemos los resultados. En Venezuela los ciudadanos sienten mayor desconfianza de los policías. Es producto de la falta de controles para el ingreso y para procesar las denuncias que hace la ciudadanía de los funcionarios que desvían su conducta. Alrededor de 70% de los delitos son denunciados y el resto tampoco es procesado correctamente. Por lo tanto, en Venezuela hay una impunidad enorme”.

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