Dos años después del referéndum, Londres tiene una postura sobre la relación comercial que quiere con la UE y la primera ministra logra evitar una rebelión de los euroescépticos

Una veintena de miembros del Gobierno, divididos en dos bandos abiertamente enfrentados, encerrados casi doce horas en la residencia de campo de Theresa May. En la mesa, un documento que esboza un plan para la relación comercial futura de Reino Unido con la UE, que no satisface plenamente a ninguno de los dos bandos. La primera ministra británica ha escenificado este viernes un ultimátum para acordar una postura que implica un Brexit más suave y que busca desbloquear las negociaciones con Bruselas. Y ha ganado: a última hora de la tarde se ha alcanzado un acuerdo. Dos años después del referéndum, el Gobierno británico tiene una postura consensuada sobre la relación comercial que desea tener con la UE tras el Brexit.

El resumen del documento aprobado este viernes, a falta de que el Gobierno lo publique en detalle la semana que viene, sobrepasa de largo las líneas rojas marcadas por los más euroescépticos. Es un plan para una “zona de libre comercio entre Reino Unido y la UE” con un “modelo aduanero amable para los negocios”, y que habla incluso de que “los ciudadanos británicos y de la UE podrán continuar viajando a los territorios de uno y otro para pedir estudiar o trabajar”.

En la recta final de las negociaciones del Brexit, Theresa May tiene ante sí una ardua tarea: desmontar la utopía construida por los euroescépticos y reconocer que la salida de la UE nunca podrá producirse en los términos etéreos y fantasiosos en que se vendió al electorado. Esa es la vía, como se ha encargado de recordar en las últimas semanas el mundo empresarial de manera insólitamente unánime, para evitar un importante daño económico al país. El coste —de ahí el paralizante juego de equilibrios que viene protagonizando May desde que perdió la mayoría absoluta el año pasado— es la posibilidad de romper su Gobierno y su partido.

Este viernes, en una reunión crucial con su Gabinete para “acordar la forma de la futura relación con la UE” que se ha prolongado hasta última hora de la tarde, la primera ministra ha librado su último pulso contra la guardia pretoriana del Brexit. Y ha ganado. “Hoy, tras un debate detallado, el Gobierno ha acordado su posición colectiva para el futuro de nuestras negociaciones con la UE”, ha dicho la primera ministra al término de la reunión. Ha ganado en casa, cabe matizar. Pues el texto acordado este viernes no deja de ser la postura de una de las partes de la negociación, que ahora tendrá que valorar Bruselas.

Ningún ministro ha salido por su propio pie de la residencia campestre de la primera ministra en Chequers (Buckinghamshire), lo que indica que no ha habido dimisiones que dejaran a los asistentes sin coche oficial. Los miembros del Gabinete, una veintena larga, fueron obligados a abandonar sus teléfonos móviles y relojes inteligentes para evitar filtraciones. Queda por saber qué concesiones reclamará haber logrado el sector duro, porque el borrador mostrado esta tarde no difiere mucho del que llevó May por la mañana a la reunión.

Tras dos años de negociaciones escasamente fructíferas, la primera ministra al fin ha consensuado un plan que considera que proporcionaría el Brexit, evitaría un severo perjuicio económico para el país y respetaría el principal compromiso que ha adquirido May hasta la fecha: que no habrá una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. En cuanto recibió el borrador, el sector duro, representado en el Gabinete de May por una minoría de media docena de ministros, tardó poco en tacharlo, en palabras del radical e influyente diputado Jacob Rees-Mogg, de un plan que convertiría al país en “un estado vasallo encadenado”. La maquinaría burocrática de Londres se ha mantenido activada todo el día para proceder al limado de asperezas semánticas que permitiera a los dos bandos salvar la cara.

La guerra interna de los tories obliga a contorsiones lingüísticas como la que da nombre al plan que se ha aprobado hoy: “Acuerdo de aduanas facilitadas”. La unión aduanera con la UE es una línea roja clarísima de los euroescépticos, pues impediría a Reino Unido firmar acuerdos comerciales con terceros países. Pero un alineamiento regulatorio es necesario, entre otras cosas, para no romper la promesa de evitar una frontera en Irlanda. Y un traje a medida para Irlanda del Norte está descartado porque alienaría a los unionistas norirlandeses, que mantienen vivo al Gobierno de May tras perder la mayoría absoluta en las elecciones del año pasado.

El nuevo plan de May se vende como una tercera vía o, de manera aún más optimista, como “lo mejor de los dos mundos”, en la medida en que combina el comercio sin barreras con la UE con la libertad de Reino Unido para fijar sus propios aranceles. La idea es que a los bienes que lleguen a Reino Unido se les aplicará el arancel que fije Londres. Y a las mercancías que pasen por Reino Unido pero cuyo destino sea la UE, se les aplicará el arancel europeo, potencialmente mayor, que será remitido a Bruselas. El funcionamiento del plan, reconoce el Gobierno, requiere una tecnología que aún no existe o no ha sido probada.

Lo esencial de la propuesta de May es que perseguiría un área de libre comercio con la UE en bienes (en servicios el plan está aún menos maduro), en la que Reino Unido continuaría totalmente alineado con la normativa europea para evitar controles fronterizos. Pero eso implicaría que el Parlamento británico básicamente copiaría la normativa europea a la suya propia, sin haber participado en su elaboración. Algo que, claro, no tiene mucho que ver con el plan que los defensores del Brexit vendieron a sus votantes.

He ahí el dilema al que se enfrentaba este viernes el sector duro: aceptarlo y continuar la lucha desde dentro, o rebelarse y tratar de derribar a May sin ninguna garantía de éxito. La cita en Chequers estuvo precedida por los rituales previos ya habituales, incluida una carta a May de David Davis “filtrada” al conservador The Daily Telegraph, en la que el titular del Brexit le advierte a la primera ministra de que pierde el tiempo, porque Bruselas nunca aceptará su propuesta.

Pero esta vez el sector duro había ido todavía más lejos. Boris Johnson, ministro de Exteriores, convocó el jueves en el Foreign Office a siete ministros de su bando para discutir sobre sus preocupaciones y su estrategia para la reunión.

Al final, el sector duro ha renunciado a la rebelión. Pero el mensaje del Gobierno concluye con una advertencia a Bruselas. “Sigue siendo nuestra firme visión que a las dos partes nos interesa llegar a un acuerdo sobre una buena y sostenible relación futura”, asegura. “Pero también hemos concluido que es responsable continuar con las preparaciones para un abanico de resultados potenciales, incluida la posibilidad de que no haya un acuerdo”.

EL PAÍS

PABLO GUIMÓNT