Más de 350 sanciones por parte de 47 países ha recibido el Gobierno venezolano en los últimos cinco años.

Las primeras medidas fueron indivuales con el objetivo de “quebrar” la cohesión existente entre el Ejecutivo y el chavismo. Estas abarcan funcionarios de alto y bajo rango.

Las más recientes han estado dirigidas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el corazón de la economía venezolana.

Los motivos que han expuesto las naciones para actuar son: Violación de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia, así como los presuntos hechos de corrupción en áreas claves como la petrolera, financiera y minera.

Desde el 2014, la nación norteamericana a través de su Congreso, durante la gestión de Barack Obama, creó una ley para imponer medidas que van desde el retiro de visado, extendido a sus familiares, hasta la congelación de cuentas bancarias y bienes que hayan adquirido en ese país, así como la confiscación de propiedades del Estado como el consorcio Citgo, activo de Pdvsa.

Canadá fue el segundo país que se sumó a la ofensiva al aplicar acciones que llegan al extremo de prohibir a sus ciudadanos tener relaciones económicas con los sancionados.
México, bajo el mando de Enrique Peña Nieto, y Panamá fueron las dos primeras naciones latinoamericanas que se sumaron castigando a 88 representantes del Gobierno de Miraflores.

Suiza y la Unión Europea también se unieron. La comunidad de países, además tomar medidas contra 11 integrantes del Ejecutivo, renovó por un año la decisión que se vencerá en noviembre.

Los 13 países integrantes del Grupo de Lima, el pasado 8 de enero, anunciaron el “impedimento” a los altos funcionarios del Gobierno “a entrar a sus territorios, además de elaborar las listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades las financieras de esas naciones no podrán operar o deberán tener una especial diligencia”.

La nación azteca, ahora presidida por Andrés López Obrador, fue el único que no se unió y en cambio manifestó su disposición de buscar un acercamiento entre el Gobierno y la oposición.

La gota que derramó el vaso, entre las más de 15 acciones que ha recibido Venezuela, fue el “decreto Obama” en el que declaró, el 9 de marzo de 2015, como “una amenaza insual” para EE UU.

Ahora, las acciones han arreciado con el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, desde 2016, quien ha encabezado una “batalla” acompañando al sector opositor dirigido por el presidente de la AN, Juan Guaidó.

Ayer, Trump acompañado por su par de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que aún su país “no ha hecho lo más duro (contra Venezuela), las sanciones más duras no las hemos impuesto todavía”, afirmó a la vez de que varios funcionarios de su gestión ya han anunciado que vienen más medidas.

En este mismo contexto, Diosdado Cabello, presidente de la ANC, en la sesión de ayer, advirtió: “No nos vamos a rendir”.

Y es que más allá de las medidas personales falta poco para que el impacto en las acciones contra los bonos, transacciones internacionales con oro y especialmente petróleo comiencen a sentirse en una economía que ya suma un quinquenio en recesión reduciéndola a la mitad de su tamaño.

“No son sanciones” sino “medidas unilaterales coercitivas”, desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, las que se han venido aplicando, y que en el Estatuto de Roma son catalogadas como “crímenes de agresión”, opinó Juan Romero, historiador especialista en procesos Políticos Contemporáneos y diputado al Clez.

“Las sanciones se producen cuando hay un señalamiento firme sobre irregularidades cometidas por un Estado. que llegan a un organismo internacional como la ONU u OEA; éste pasa el informe al país, si éste decide desconocerla; es allí donde se acuerdan las sanciones”, detalló.

Pero para la internacionalista, Giovanna De Michele, docente de la UCV, las sanciones “han sido el motor para seguir adelante en esta política de presiones internacionales hacia el Gobierno de Maduro y las personas que integran su gabinete”.

Considera que las (sanciones) más recientes dictadas contra Pdvsa y el sector minero “tienen un alcance más amplio porque generan un efecto fuerte en la economía del país”. A lo dicho por De Michele, ya algunos economistas también presienten que las sanciones harán escalar la crisis a niveles inéditos.

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