Una misión internacional independiente, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, despejó toda duda que aún existiera sobre las flagrantes, sistemáticas y perversas violaciones contra la dignidad e integridad individuales que se cometen en Venezuela. En palabras de su presidenta, la especialista portuguesa Marta Valiñas, el grupo encontró “motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado, desde 2014, graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
A partir de sus escalofriantes hallazgos, producto de una exhaustiva investigación divulgada el 16 de este mes, la misión solicitó al régimen de Nicolás Maduro “realizar inmediatamente investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos y los delitos” descritos en su informe. Ha exigido, además, proporcionar justicia a las víctimas y hacer que sus autores “rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
Pero sus llamados al rendimiento de cuentas y a evitar la impunidad no se quedan allí. También pidió a otros Estados “considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados” en el informe, “de conformidad con su legislación interna pertinente”, y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tener en cuenta “la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión”. A la vez, solicitó que, por medio del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU se encomienden nuevas investigaciones sobre la situación venezolana.
Lo más revelador del documento no es tanto la lista de agresiones y crímenes cometidos por distintas fuerzas represivas y funcionarios venezolanos. Esto es algo de sobra conocido. Su mayor aporte está en la minuciosidad de las investigaciones, el detalle con que expone los mecanismos utilizados en la represión, la identificación de responsables y la revelación de una “cadena de mando” de las torturas, vejaciones y crímenes, que remite hasta las más altas instancias del régimen, en particular, su presidente espurio, Nicolás Maduro, así como el “hombre fuerte” y presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello, ministros y otros altos funcionarios.
La comisión material de las violaciones y los crímenes, dice el informe, ha estado principalmente a cargo de dos turbios cuerpos represivos: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), pero también de otras instancias oficiales, de los llamados “colectivos” (bandas afines) y de grupos paramilitares que, a menudo, actúan enmascarados. Pero su actuación no ha sido aleatoria o espontánea. Al contrario: “La misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en el presente informe, y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”, dice uno de los señalamientos más claros del documento de 443 páginas.
Concluida esta exhaustiva investigación y planteadas sus recomendaciones, lo que debe seguir es la acción. Sin duda debe darse continuidad a las pesquisas, pero, más importante aún, es actuar a partir de ellas en el marco de la justicia internacional y de las jurisdicciones nacionales pertinentes. La impunidad ha sido, hasta ahora, uno de los rasgos más indignantes de la dictadura de Maduro. Es hora de que se le ponga fin.
Editorial publicado en La Nación de Costa Rica
